Ordenanza

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha impugnado ante los tribunales la Ordenanza de Granadilla de Abona, que restringe la actividad vacacional a ciertos tipos de viviendas. ASCAV argumenta que la norma carece de justificación y viola principios legales al limitar derechos constitucionales.

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, tras el análisis de la orden judicial de suspender las obras de la red ciclable, presentarán un recurso de reposición en los cinco días correspondientes que el TSJC ha dado para ello.

Se establecen nuevas tarifas públicas: 4,5 € por hamaca o sombrilla, 15 € por hamaca balinesa y 3 € por caja de seguridad.

Esta iniciativa, impulsada por la consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa en colaboración con la FECAM, persigue “establecer una ordenanza marco que ayude a los municipios a regular esta actividad económica”.

El Ayuntamiento, a través del área que dirige Evelyn Alonso, muestra su respeto a la sentencia, pero no la comparte, por lo que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En la última reunión, se acordó la modificación de la ordenanza municipal para ajustar los días de descanso del sector, en cumplimiento de una decisión judicial

La medida fue aprobada por unanimidad y entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

El área de Movilidad ha subido a la web municipal, en el apartado de Participación Ciudadana, toda la información, con la intención de conocer la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas, una consulta que estará abierta hasta el 7 de marzo.

Las sanciones por incumplir la normativa serán de 200 euros, una cuantía que se podrá incrementar hasta un 30% en caso de reincidencia

Señalan desde la formación morada que sorprende que desde el gobierno de Canarias se haya expuesto que la reserva del 10% para vivienda vacacional que se establecía en el borrador del anteproyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas se ha flexibilizado para que ciertos ayuntamientos que cumplan una serie de parámetros puedan sobrepasar dicha cifra.

La medida, que entrará en vigor el 1 de diciembre, tiene el objetivo de evitar la dispersión de los residuos y mejorar la sostenibilidad ambiental en las zonas de gran afluencia de la ciudad.

La normativa, que entra en periodo de información pública, permitirá el uso vacacional solo en viviendas que cumplan con los requisitos legales establecidos.

La normativa que ahora se redactará de urgencia fue instada al Ayuntamiento por la propia Consejería de Turismo para frenar los expedientes sancionadores abiertos a los residentes en la zona turística. El alcalde Marco Aurelio Pérez sostiene que el Ayuntamiento es soberano y tiene capacidad legal para aprobarla

La organización sostiene que muchos de los datos están desactualizados o que no se está contemplando la afectación de las instalaciones ya existentes y de las obsoletas