Médicos

La huelga convocada a nivel nacional contra el Ministerio de Sanidad, por la propuesta de reforma del Estatuto Marco, que afecta al personal médico ha sido secundada por 600 profesionales de dicho colectivo en el Servicio Canario de la Salud de los 4.510 afectados por la convocatoria.

Alrededor de 500 médicos y facultativos se han manifestado este lunes frente al Ministerio de Sanidad, al inicio de una nueva semana de huelga, para rechazar el Estatuto Marco acordado entre el departamento que dirige Mónica García y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito, y reclamar un texto propio.

El Partido Popular ha presentado en el Congreso y el Senado una Proposición no de ley y una Moción para exigir al Gobierno el reconocimiento de la singularidad de los médicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El PP demanda mejores condiciones laborales, aumento de plantillas y una mesa de diálogo específica para abordar las reivindicaciones del sector. La iniciativa busca evitar huelgas como la programada para esta semana, resaltando la necesidad de un aumento del 15% en las plantillas y mejoras en la remuneración. Además, se solicita una oferta dinámica de plazas MIR y un modelo de financiación autonómica que garantice recursos equitativos para la sanidad.

La huelga convocada a nivel nacional contra el Ministerio de Sanidad, por la propuesta de reforma del Estatuto Marco, que afecta al personal médico ha sido secundada por 775 profesionales de dicho colectivo en el Servicio Canario de la Salud de los 4.433 afectados por la convocatoria.

El Servicio de Salud ha establecido los servicios mínimos acordados en relación con la huelga de médicos de ámbito estatal convocada para los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero y que, en términos generales, son los equivalentes a un día festivo.

Más de 8.300 médicos y 9.000 enfermeros se quedan sin plaza para acceder a la especialidad en España, a pesar de las crecientes necesidades del sistema sanitario. El examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se celebrará el 24 de enero, pero solo hay 12.366 plazas disponibles para más de 36.500 aspirantes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige un aumento significativo en el número de plazas para abordar la crisis en Atención Primaria y urgencias, que se ha intensificado con la reciente epidemia de gripe. La falta de personal ha llevado a situaciones caóticas en hospitales, con largas esperas y escasez de recursos. Es urgente mejorar las condiciones laborales y planificar adecuadamente los recursos humanos en el sector salud.

Los médicos han convocado una huelga indefinida desde el 16 de febrero contra el estatuto marco de Sanidad, con una semana de paro mensual hasta junio y una manifestación en Madrid el 14 de febrero.

Los médicos de las islas se unirán a la huelga nacional convocada para el 9 al 12 de diciembre, en protesta por un anteproyecto de ley que consideran insuficiente. Exigen mejoras en condiciones laborales y retributivas, así como una regulación adecuada que garantice la calidad asistencial y la retención del talento médico.

La Diputada del Común se muestra preocupada ante la OPE de estabilización de personal sanitario en las islas.

La situación afecta a unos 1.900 médicos y podría prolongarse hasta el viernes, impactando la atención sanitaria.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomielitis Miálgica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad han firmado un convenio para mejorar la atención integral a pacientes con estas enfermedades poco reconocidas. Este acuerdo busca fortalecer la colaboración entre Atención Primaria y los pacientes, promoviendo una escucha activa y una atención más humana. Se establecerán iniciativas conjuntas como cursos y conferencias, así como comisiones de trabajo para coordinar proyectos que mejoren la calidad de vida de los afectados. La alianza representa un paso significativo hacia una atención más comprensiva y efectiva en el ámbito sanitario.

Lola Padrón considera que “se han vulnerado los derechos del personal estatutario al haberse incumplido el deber legal de garantizar el derecho a la carrera administrativa”.