derechos laborales

La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entra en vigor, mejorando las condiciones laborales de los empleados públicos y la calidad de los servicios a la ciudadanía. Publicada en el Boletín Oficial del Estado, forma parte de la estrategia del Gobierno de España para modernizar la administración y fortalecer el sector público como pilar del Estado del Bienestar.

Busca mejorar derechos laborales, reducir temporalidad y regularizar vínculos. Involucra a 7.749 trabajadores, priorizando la perspectiva de género y estableciendo una Comisión Mixta para supervisar su cumplimiento.

La economía española continúa su crecimiento con un notable aumento en la creación de empleo, alcanzando 21.882.147 afiliados a la Seguridad Social, el mayor incremento mensual desde 2001. En marzo, se formalizaron más de 1,3 millones de contratos, de los cuales el 44% fueron indefinidos, reflejando una mejora en la calidad del empleo. La tasa de desempleo también ha disminuido, situándose en 2.419.712 personas, la cifra más baja para un mes de marzo desde 2008. A pesar de estos avances, persisten desafíos como el desempleo de larga duración y la necesidad de aumentar salarios y reducir la jornada laboral sin pérdida salarial.

El 42% de las personas registradas en 2025 en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social era de origen extranjero.

Consideran que el debate que se pretende lanzar desde el gobierno de CC-PP en Santa Cruz de Tenerife pretende abrir la puerta a esta práctica en el conjunto de la Isla.

Los trabajadores prevén realizar una protesta contra la actitud de la empresa el 26 de marzo, de 9.00 a 15.00 y por fuera de las instalaciones.

La medida regula el procedimiento y las condiciones de reducción de jornada de entre el 25 % y el 75 %.

En el sexto aniversario de la declaración del Estado de Alarma en España, más de dos millones de personas continúan sufriendo las secuelas del covid persistente. Según una encuesta de CSIF, el 62% de los afectados contrajo el virus en el trabajo, pero menos del 25% tiene reconocido su contagio como accidente laboral. La encuesta revela que el 75,3% estuvo de baja médica y un 69% solicitó ayuda psicológica, aunque solo un 7,6% la recibió. CSIF exige el reconocimiento del covid persistente como enfermedad profesional y propone medidas como un fondo de compensación para contagiados, protocolos específicos y refuerzo de la atención sanitaria. Las secuelas incluyen fatiga extrema, problemas cognitivos y dolor neuropático, con un 51,6% sin tratamiento médico adecuado.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que los permisos de 5 días para el cuidado de familiares con enfermedades, accidentes u hospitalización pueden ser disfrutados de manera flexible, según lo establecido en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. Esta decisión, que rechaza un recurso del Grupo Empresarial Race, permite a los trabajadores organizar su tiempo de ausencia sin que su inicio esté necesariamente ligado al hecho causante. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra este fallo como un avance en la defensa de los derechos laborales en el sector privado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia a favor de una trabajadora de Lanzarote, condenando al Servicio Público de Empleo (SEPE) a pagarle 8.937 euros por discriminación de género. La trabajadora, madre de tres hijos, había sido excluida del subsidio por desempleo más beneficioso para mayores de 52 años debido a su situación laboral a tiempo parcial. La sentencia resalta que se le exigió un mayor número de días cotizados, contraviniendo la normativa europea que busca eliminar la brecha de género en pensiones. Este fallo marca un precedente en la aplicación de la doctrina europea en casos similares en España.

El sindicato docente canario acude para denunciar la precariedad y exigir el cumplimiento de la normativa europea.

Es inspirador ver cómo líderes comprometidos como Antolín Goya impulsan el futuro de los trabajadores portuarios europeos, fortaleciendo la unidad y la defensa de sus derechos.

La Corporación municipal homenajea este martes en el cementerio de San Juan a una de las últimas víctimas de la represión franquista.

Los sindicatos convocantes, SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley “incompleta, parcial e interesada” que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.