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Santa Cruz pide que la insularidad sea criterio de reparto de los 6.000 millones del Estado
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Santa Cruz pide que la insularidad sea criterio de reparto de los 6.000 millones del Estado

martes 22 de septiembre de 2020, 21:37h
Los ayuntamientos contrarios al decreto de Hacienda insisten en que el Ministerio debe tener en cuenta que son la primera Administración de atención a la ciudadanía
Los Ayuntamientos que se han mostrado en contra de los criterios de reparto de los fondos estatales para los Consistorios han vuelto a escenificar hoy su rechazo a la postura del Ministerio de Hacienda en una reunión en la que ha participado el concejal de Hacienda del Consistorio capitalino, Juan José Martínez. El edil ha informado de que Santa Cruz de Tenerife ha solicitado que “en el caso de que se incorporen nuevos criterios de reparto, además del poblacional, la insularidad sea un factor a tener en cuenta para corregir desigualdades entre Ayuntamientos”.

El concejal ha explicado que para el reparto de dichos fondos “se utilizará un criterio estricto poblacional, pero se baraja la incorporación de otros, como la dispersión geográfica, tasa de desempleo o el número de inmigrantes, entre otros, y ello provoca que hayamos incluido en el debate el sobrecoste que genera la insularidad, como factor a tener en cuenta para dicho reparto”.

Además, Juan José Martínez ha explicado que los Ayuntamientos, un total de 29 firmantes y gobernados por más de una decena de partidos políticos diferentes, han solicitado además que sean incluidos “en el marco de financiación de los fondos europeos destinados a la recuperación económica” después de la pandemia.

Los Ayuntamientos han emitido un comunicado conjunto en el que piden “diálogo y soluciones para nuestros vecinos”, título que acompaña al citado comunicado. En este texto los alcaldes reiteran que el documento rechazado recientemente en el Congreso de los Diputados “era injusto y vulneraba el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos (…), la autonomía financiera de las entidades locales y establecía una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado (…) no eran justos ni solidarios, perjudicaban gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y creaban una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.

Así, los Ayuntamientos piden en este texto “la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio (…) que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas”. Especial atención piden “al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público” y declaran estas ayudas como “imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica”, para lo que piden “que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades”.

Los Consistorios firmantes son los de Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Valencia y Zaragoza.
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