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Memoria histórica 2.0

miércoles 16 de septiembre de 2020, 07:00h


Le han cambiado el nombre, ahora se llama «memoria democrática». Seguramente alguien, en su subconsciente, se haya apercibido que lo de “histórica” era una trola, puesto que, de historia solamente tenía la que convenía a sus intenciones. Ahora hace falta saber si también respetará el destino que le han adjudicado a una ley que sigue la hoja de ruta que este gobierno y sus edecanes se ha marcado; cerrar el paréntesis de la Transición y retrotraer la historia, en un gran salto, desde el febrero de 1936 a marzo de 2004. En medio, el régimen del 78, es decir, la nada.

La nueva ley, elemento del maniqueísmo que implantó inicialmente el nefasto Zapatero, trae consigo normas y disposiciones que desdibujan intencionadamente el espíritu de la Transición, pretendiendo recuperar un momento histórico que fue funesto para todos los españoles y especialmente para los católicos. El guerra civilismo es un arma que se maneja por el gobierno social comunista en su expresión más rastrera; nosotros no perdimos la guerra, nosotros éramos, somos, los demócratas, nosotros éramos, somos, los buenos ciudadanos. Quién no piense u opine como nosotros, reo es de desprecio y reprimenda social, o sea, es un puto fascista.

Desde tal axioma, la tiranía de la ley injusta se ha puesto en funcionamiento. Desde el poder ejecutivo, se va a establecer la nulidad de toda sentencia que haya condenado a una persona por «razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa» en el período del 36 a 78. Nulidad que, por descontado, no traerá consigo ninguna indemnización por la resolución judicial, declarada nula, de la Administración de justicia del Estado. Simplemente, la propia ley anunciada proclama que se trata de una «reparación» surgida de la propia nulidad, sin responsabilidad patrimonial del Estado. Incluso se rumorea que se expedirá a los
interesados un «certificado» de reparación.

Con independencia del colapso que va a producir el revisar más de 100.000 sentencias, con unas 14.000 de ellas con pena de muerte, ejecutada o no, resulta difícilmente inteligible. Como lo es argumentar y fundamentar la nulidad de sentencias como la de Luis Company, por ejemplo, traidor a la República y firmante de miles de penas de muerte por causas ideológicas o de creencia religiosa, como la del alcalde de Lérida, Juan Rovira Roure, a quien se le ocurrió autorizar la cabalgata de Reyes Magos, fusilado por contravenir la ley, empero tener inmunidad parlamentaria garantizada por la Generalidad de Cataluña como diputado que era por el Frente Catalán de Orden. Sin duda alguna, remover esa historia no será del agrado del señor Torra ni de sus correligionarios, si es que le queda alguno. Como tampoco lo debiera ser para los bolcheviques, sucesores de aquellos creadores de las checas, que verán rememorados hechos como el del miliciano, Marqués, quién descerrajó un disparo en la cara a un joven sacerdote menorquín.

Posiblemente la sentencia de nulidad nos deba esclarecer si tal hombre, llorando de arrepentimiento ante el pelotón de fusilamiento, asesinó al cura por serlo o por razones ideológicas o por atentar a sus creencias personales.

Según parece habrá una atención especial al papel de las mujeres durante la guerra y los años de régimen franquista. Sería difícil que cayesen en el olvido y el silencio dado que, desde que Zapatero se sacó de la manga su revanchismo, ha resurgido la historia de muchas mujeres, mayoritariamente católicas y especialmente monjas, como la Madre Apolonia Lizárraga, navarra, Carmelita de la Caridad, que fue aserrada viva en cuatro partes y, dicen, echadas a las piaras de cerdos que el jefe de la checa de san Elías, el Jorobado, cebaba en la Barcelona republicana. Marcelino Camacho, antifranquista, sindicalista de CC.OO., encarcelado un montón de años, no tuvo empacho alguno en levantar su voz en la tribuna del Congreso para ensalzar las decisiones surgidas de hombres y mujeres aposentados en aquel régimen autoritario o a la mismísima Ley de Amnistía. Él fue también un hombre de la Transición, como Fernández Ordóñez o Martín Villa o Guerra. Para él, sus antagonistas no eran «expersonas» al estilo Lenin, ni enemigos, sino simples adversarios políticos. Él dejó atrás con su voto a dicha Ley todos los tiempos en los cuales socialistas, comunistas, anarquistas de un lado, y los falangistas y franquistas del otro, cometían tropelías, fusilamientos, violaciones y puros asesinatos, como el del mercedario de Capdepera, Eduardo Massanet. Camacho cerró el frente popular y miró al frente libre anhelando no verlo repetido.

Y abierto ha quedado otro, de la mano de Carmen Calvo, en el cual se puede entender que memoria “democrática” es todo cuanto el gobierno dicta o prohíbe y sanciona, al tiempo que fija qué debemos olvidar y qué debemos rememorar. Y en ese horizonte, con una Fiscalía de sala especial, ya se vislumbra la creación de una Stasi, copia de la democrática alemana, para perseguir y sancionar a quien no cumpla con la ley de memoria adecuadamente democrática, es decir, la ajustada a los modos y formas republicanas. Lo siguiente por venir no será sino la Ley de defensa del régimen social comunista, con la restricción del derecho a la libertad ideológica, libertad de información y expresión. Una versión actualizada de la Ley de Defensa de la República del 31. Mientras tanto, seguimos impasibles al gobierno social comunista, que nos está aproximando, nuevamente, al precipicio de la discordia, la cual proseguirá con la demolición de la cruz, ante la indiferencia generalizada, para no herir sensibilidades confesionales.

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