A estas alturas de la vida la monarquía sólo se puede justificar desde la tradición y desde la historia; en aplicación del principio de igualdad el hecho de ser el primogénito de una determinada familia no te da ningún valor añadido para alcanzar la jefatura del Estado.
En mi opinión, esa inaplicación del principio de igualdad no va contra el espíritu ni el texto de la Ley que Kelsen colocaba en la parte superior de su pirámide normativa. Las funciones que hoy tiene el Jefe del Estado son esencialmente de representación, entre otros motivos porque así lo quiso Juan Carlos I.
El Rey Juan Carlos, tutelado por el General Franco juró de forma expresa mantener los Principios Fundamentales del Movimiento y tras el juramento, el Presidente del Consejo del Reino Rodrigo de Valcárcel, motu propio, añadió “si así lo hiciereis que Dios os lo premio y sino que os lo demande”; al modo de jura que en Santa Gadea de Burgos tomó el Cid a Alfonso VI de León, unos 900 años antes pues esta fue en 1072.
Después de eso es sabido que Juan Carlos I trabajó con una serie de políticos hijos del régimen franquista para, piedra a piedra, desmontarlo y siguiendo la idea de Torcuato Fernández Miranda ir de la legalidad a la legalidad. Consecuencia de eso vino la Ley de Reforma Política, las primeras elecciones y la Constitución de 1978 en la que el Rey, como jefe del Estado, renunció a todo el poder que ostentaba de las Leyes Fundamentales, y así hasta nuestros días, unos cuarenta años de paz democrática si excluimos el terrorismo etarra.
Desde siempre se sabía que Juan Carlos I no llevaba una vida familiar ejemplar y sus relaciones extramatrimoniales eran conocidas pero no publicitadas; asimismo también era conocida su buena relación con sus “hermanos” árabes tanto de la península arábiga como de los musulmanes del Magreb.
Su patriotismo fue puesto a prueba en el 23 F y apostó por la democracia y la legalidad imperante. Eran momentos extremadamente difíciles para la joven democracia española con ETA muy presente en nuestras vidas asesinando cada semana, había secuestrado al ingeniero Ryan, Adolfo Suárez cesaba y Calvo Sotelo se sometía al debate de investidura, había ruido de sables, paro, inflación, alguna pronunciamiento o asonada contra el gobierno constitucional, pero optó por la democracia, su discurso de madrugada, en la madrugada del día 24, forma parte de la historia con mayúsculas de este país, ojala nuestros representantes políticos lo conocieran.
Después de eso tuvo un reinado placentero admirado por sus ciudadanos y representando con mucha dignidad a España en viajes internacionales hasta que hace unos años se empezó a poner en cuestión su vida, sin distinguir su vida pública y la privada. Siempre se dijo que no estuvo rodeado de las mejores amistades pero lo es que su hoja pública de servicios es de un valor intachable para España.
Al momento de su abdicación, junio de 2014, el Presidente del Gobierno, a la sazón era don Mariano Rajoy, que junto con el líder de la oposición el añorado señor Pérez Rubalcaba decidieron otorgarle una protección legal ante los tiempos que se avecinaban y así se le mantuvo la inviolabilidad.
A veces el gozar de un privilegio (del latín privado de la ley) supone una trampa pues el privilegiado está expuesto a cualquier tipo de agresión verbal o escrita sin poder defenderse. Obviamente podría renunciar a la inviolabilidad pero la solución sería obviamente peor. Lo cierto es que el Rey Juan Carlos I no puede, ni debe, sentarse en un plató de la sexta para producir telebasura.
En estos días estamos viendo que cualquier comentario de cualquier mequetrefe intelectual, de los miles que hay, en relación a Juan Carlos I se convierte en noticia y acto seguido en verdad absoluta. Damos por bueno y por cierto, incluidos los periódicos, cualquier aberración que se diga sobre él, sobre su fortuna, sobre los regalos que hacía sobre las relaciones personales y amatorias que tuvo, opinamos sobre todo, en la mayoría de los casos, sin ninguna comprobación de la fuente como se ha hecho demasiadas veces en este pequeño país en temas judiciales políticos o de serie negra.
Eso, comprenderán, no es fruto de la causalidad. Eso es fruto de una campaña que no tiene otro fin que derrumbar el estado que nació en la Constitución de 1978 y que nos ha dado cuarenta años de paz y libertad. Están, los bolivarianos, asaltando cada uno de los elementos que conforman el estado de derecho y ahora están yendo a por la jefatura del Estado apoyados por un timorato PSOE liderado por un inepto Presidente que no está la altura del cargo.
Independientemente de que sea cierto o falso lo que se diga sobre las posibles comisiones del emérito Rey, la verdad es que ni siquiera sabemos entre quien intermediaba; no entremos en ese juego. La posición de Juan Carlos I, salvado las diferencias, es la misma que sufrieron las personas honradas víctimas de Penalva y Subirán, sin derecho a la defensa, y eso es muy grave.
Afortunadamente vascos y gallegos han enseñado la puerta de salida a los bolivarianos comunistas que quieren hacernos vivir como en Venezuela en lugar de como en la rica Holanda.
No soy monárquico, mi defensa no es a la persona sino a la jefatura del Estado de un país democrático al que no le ha salido gratis esa democracia. No dejemos que los radicales, con piel de cordero, nos roben nuestro país, ese en el que nos hemos trabajado la democracia día a día y si hay que revisar la Constitución que sólo es una Ley, que se haga, pero que se haga en un momento de paz social y sobre todo con el consenso de 1978. Que tengan un feliz martes de julio.
Si (
No(
