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Diálogo en todo, también en economía

El diálogo se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. Tiene sentido que apele a esta necesidad un gobierno que -por su propia condición de coalición- va a estar obligado a dialogar en su propio seno sobre muchas de sus decisiones. Es, además, una circunstancia que se impone en un escenario sin mayorías monolíticas y una gran fragmentación política.

La llamada al diálogo debe extenderse a la mayor parte de asuntos. Con la crisis territorial catalana, el nuevo ejecutivo de Sánchez se ha mostrado tajante -no en vano, se jugaba la propia investidura- y es bueno que todas las partes dialoguen y establezcan los avances que el marco legal permita. Otros sectores también reclaman atención y apelan al diálogo. Uno de los más insistentes es el empresarial, un sector que teme decisiones unilaterales que afecten a la competitividad y a la creación de empleo.

Asuntos como la reforma laboral, el incremento del gasto público o la subida del salario mínimo también deben ser objeto de diálogo y acuerdo entre todas las partes afectadas. En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, alertó este martes de que las actuaciones incluidas en el pacto de gobierno conllevarían un importe total de 25.000 millones de euros y un déficit en torno al 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto.

Estaríamos ante un grave problema de estabilidad y de irresponsabilidad con los compromisos con Europa. El presidente Sánchez ya ha avanzado que su ejecutivo pretende renegociar con la Comisión Europea (CE) una nueva senda de déficit público, más flexible, "ante una nueva coyuntura económica". No sería la primera vez, pero ante Europa conviene mostrar la mayor seriedad y solvencia.

La apuesta económica debe centrarse en estimular el tejido empresarial para conseguir la mayor competitividad. No proceden decisiones unilaterales que comprometan el crecimiento ni la creación de puestos de trabajo. Y si se toman decisiones en el sentido contrario, que sean pactadas y progresivas. Actuar por decreto es un mal camino que puede conllevar graves perjuicios.

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