Fecundando independentistas

No por esperada, la noticia del encarcelamiento de Junqueras y siete de los consellers del cesado Govern de la Generalitat me causó un menor impacto. Sinceramente, pensaba hoy hablarles -y no voy a hacerlo- de la necesaria reconstrucción del catalanismo integrador como cauce natural para dar curso a las legítimas aspiraciones y sentimientos de buena parte del pueblo de Cataluña, y de lo mucho que la democracia española lo precisa. Pero las decisiones de la magistrada de la Audiencia Nacional provocaron un vuelco informativo que, obviamente, no rehuiré.

Comenzaré por ahuyentar el fantasma de la parcialidad de los jueces, que tan irresponsable como injustamente invocan partidos de la extrema izquierda, además, claro está, del entorno soberanista. La prueba más palpable de la independencia del poder judicial en España es, precisamente, la decisión adoptada ayer tarde por la juez Carmen Lamela. Para la causa independentista, y aunque cierto es que vive en permanente estado de incandescencia desde hace muchos meses, la resolución de la juez de instrucción constituye una bendición, una revigorizante inyección de combustible para sus fuegos de artificio. No hay que olvidar que el independentismo se mueve por pulsaciones sentimentales, por afectos y odios, por la más genuina visceralidad, por imágenes mitológicas (Casanova, Companys...) y estereotipos fáciles, por esquemas maniqueos (un mundo dividido entre catalanes honestos y oprimidos, y españoles fascistas y crueles, que solo buscan venganza y humillación), por juicios de valor alejados de cualquier atisbo de reflexión o de análisis lógico. Estas circunstancias alejan diametralmente al independentismo de Puigdemont y Junqueras del nacionalismo catalán centrista del período comprendido entre 1977 y 2011 que, aun admitiendo que fue pasto de las llamas de la corrupción -como todas las demás fuerzas gobernantes de este país-, no se puede negar que en su día constituyó elemento esencial para la consolidación del régimen democrático, justamente el mismo que el independentismo ha pretendido derrocar con desprecio absoluto del orden jurídico.

La decisión judicial adoptada ayer constituía un verdadero acto debido, ante la extrema gravedad de los delitos investigados, pero coincido con muchos analistas en que en nada beneficia políticamente al constitucionalismo español y, desde luego, no me alegra lo más mínimo asistir al encarcelamiento de quienes en su día fueron elegidos en las urnas, aunque, con arreglo a la ley, se lo hayan buscado con ahínco y, por tanto, se lo merezcan ampliamente.

Y esa inconveniencia de la decisión de la juez Lamela es precisamente la esencia misma del estado de derecho, la de que los jueces adopten resoluciones conforme a la ley, con absoluto aislamiento de los efectos políticos que vayan a causar, e incluso con independencia de si esa ley que aplican les gusta más o menos. Ese juicio político o social no es su función сonstitucional, a ver si algunos lo entienden de una puñetera vez.

Junqueras y sus consellers, y no digamos Puigdemont, sabían perfectamente que esto acabaría así, porque no hace falta ser muy ilustrado para interpretar la literalidad del Código Penal, máxime cuando, como en este caso, los investigados fueron advertidos repetida y machaconamente de la dureza de las penas con las que andaban coqueteando.

¡Mártires! ese es el material idóneo para la reproducción de independentistas. Nada menos que ocho santos que venerar tienen ya en el retablo de la catedral soberanista, y la canonización avanza a buen ritmo. Si añadimos al cóctel inseminador ingredientes tales como que la decisión se adopte en Madrid -ciudad que simboliza el Mordor de los independentismos ibéricos-, o que al frente del Gobierno se halle el PP -que ellos y gran parte de la izquierda se empeñan en identificar con el moai por cuya reencarnación rezan a diario (como no, Francisco Franco)-, entonces habremos de concluir que, en cincuenta días, el 21-D, van a eclosionar miles de polluelos independentistas. Y bien que lo siento.