Los daños ocasionados en las instalaciones de El Cotillo y Morro Jable obligan a mantener fuera de servicio los cargadores afectados y suponen un coste cercano a los 100.000 euros.
El Cabildo de Fuerteventura ha hecho pública una denuncia sobre varios actos vandálicos que han afectado a los puntos de recarga para vehículos eléctricos en la isla. Estos incidentes han generado daños significativos en infraestructuras públicas, impactando directamente en el servicio que se ofrece a la ciudadanía.
Uno de los episodios más graves ocurrió en El Cotillo, donde un punto de recarga rápida de 50 kilovatios fue completamente inutilizado debido a un incendio intencionado. Otro incidente tuvo lugar recientemente en Morro Jable, donde un cargador sufrió serios daños tras ser embestido por un vehículo.
Impacto económico y social
Como resultado de estos actos vandálicos, ambos puntos de recarga permanecen fuera de servicio mientras se llevan a cabo las gestiones necesarias para su reparación o sustitución. Esta situación no solo causa inconvenientes a los usuarios de vehículos eléctricos, sino que también representa un importante perjuicio económico para las arcas públicas.
Se estima que el coste total para reparar y reemplazar las instalaciones dañadas asciende a aproximadamente 100.000 euros, una suma que deberá ser extraída de otras partidas presupuestarias para poder afrontar estas reparaciones.
Lolina Negrín, consejera de Industria y Actividades Clasificadas, expresó su preocupación al afirmar que “estos actos perjudican a toda la ciudadanía, ya que afectan a infraestructuras públicas destinadas a facilitar la movilidad sostenible y mejorar los servicios disponibles en la isla”.
Llamado a la responsabilidad ciudadana
Negrín también hizo un llamado “a la responsabilidad y al respeto por unos equipamientos que son de todos y cuya conservación resulta fundamental para seguir avanzando en la implantación de una red de recarga moderna y accesible en Fuerteventura”.
Desde la Consejería se enfatiza la importancia de cuidar y preservar los bienes y servicios públicos, cuya mejora y mantenimiento requieren un esfuerzo económico considerable por parte de las administraciones locales.