Ante el anuncio del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, sobre el inicio de los trámites para una Ley Canaria de Costas, Sí se puede Canarias ha manifestado su compromiso de vigilar y promover que esta normativa se fundamente en el desarrollo sostenible y la defensa del dominio público, y no en la privatización encubierta del litoral.
Vanesa Martín, portavoz de la Coordinadora canaria de Sí se puede, asegura que como formación con una mirada soberanista entienden que la gestión desde Canarias de las costas debería ser una oportunidad para adaptar la norma a nuestra realidad archipielágica, poniendo la mirada en la protección y la eliminación de las afecciones como vertidos o nuevos crecimientos urbanísticos. A pesar de ello expresan su profunda preocupación por que el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular utilicen esta competencia exclusiva para repetir modelos depredadores como los de la Ley del Suelo o la Ley de Islas Verdes. “Ya sabemos la gestión que ha venido promoviendo el presidente Clavijo en materia de territorio, que ha sido la llave que ha permitido abrir procesos como el de Cuna del Alma o que hoteles ilegales, como el planificado en Montaña Roja, se mantengan”, afirma.
Sí se puede reitera que la posición política de la formación busca armonizar la defensa de un territorio frágil con el derecho social al disfrute de la costa. "No aceptaremos que se use la 'canariedad' de la norma para alfombrar el camino a nuevos hoteles o puertos deportivos destinados a una minoría", señalan desde la organización.
En este sentido, el borrador de ley que promoverán desde la formación ecosocialista se basará en la protección del patrimonio humano y ambiental, protegiendo los enclaves con interés patrimonial y la biodiversidad. En este mismo sentido, rechazan que se toleren hoteles ilegales o abandonados en espacios protegidos, además de la implantación sin control de actividades como desaladoras y puntos de vertido ilegal. Consideran que este tipo de proyectos requiere del máximo de unidad y coordinación entre las organizaciones y sectores que, masivamente, han venido reclamando un cambio de rumbo para el Archipiélago, “pasando del desarrollismo a una gestión racional y sostenible, que solo se puede garantizar con una potente movilización dentro y fuera de las instituciones”.
Su propuesta se sostiene en la idea de regeneración frente a cemento, con un seguimiento profesional adecuado, a través de técnicos dotados de recursos humanos y materiales, para la recuperación ecológica del litoral y no para facilitar proyectos de infraestructuras agresivas como puertos deportivos.
Según Vanesa Martín, si alejamos la gestión de la costa de los intereses de los especuladores locales podríamos conseguir un auténtico desarollo de la economía Social y Empleo Verde, con actuaciones de rehabilitación territorial a pequeña y mediana escala que generen empleo local y mejoren la calidad de vida, incluyendo sistemas urgentes de depuración de aguas residuales.
"La defensa del interés público debe ser la guía", concluyen. Por ello, la formación promoverá una movilización social y política para asegurar que los 1.126 kilómetros de costa canaria sean un espacio de biodiversidad y disfrute público, blindándolos contra cualquier intento de convertir nuestra orilla en una mercancía para la especulación privada.
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