El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que más de 53.000 propiedades, que se alquilan actualmente como viviendas turísticas pasarán al mercado residencial, no puede estar más lejos de la realidad.
Hasta la fecha, ningún gobierno que ha prometido el efecto de prohibición de las viviendas turísticas para engrosar la oferta de alquiler residencial, ha visto cumplida su promesa.
Las 53.000 viviendas a las que alude el Gobierno no son ilegales por el hecho de no haber obtenido el número de registro en el Registro de la Propiedad; deberán ser las Comunidades Autónomas las que revoquen, en su caso, las licencias concedidas o declaraciones responsables emitidas. El único efecto de la exclusión de aquel registro será que no se pueden comercializar a través de páginas webs que promocionan este tipo de ofertas.
Amén que el RD 1312/2024 fue recurrido por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV y varias CCAA y está pendiente de resolución.
Argumentar que dichas propiedades pasarán a ocuparse por jóvenes y familias sólo se cumplirá, una vez se derogue la actual Ley de Vivienda y se restablezca la seguridad jurídica que de garantías a los arrendadores.
Hasta el día de hoy, los efectos inmediatos serán, que o bien estas propiedades pasen a alquilarse por corta estancia o directamente pasen a incrementar el parque de viviendas cerradas a cal y canto por los propietarios.
Según el Censo de Población y Viviendas 2021 del INE, en España había 3.837.328 viviendas vacías, lo que supone el 14,4 % del parque de viviendas total (que asciende a 26.623.708 viviendas).
Sin mencionar la parálisis que ha sufrido la construcción de vivienda social o protegida durante décadas, dejando a las familias españolas muy lejos de las europeas en materia de alquileres.
Los motivos de esta persecución a las familias españolas sólo pueden ser dos. Desviar la mirada de una nefasta gestión de vivienda y lo que sería aún más grave, obedecer a los requerimientos de los hoteleros y fondos de inversión, que han descubierto en edificios completos de viviendas turísticas un nuevo filón. A ambos les interesa y mucho, que se elimine cuanta más competencia mejor, para acaparar el mercado en exclusiva.
Ponemos como el mejor ejemplo el "Plan Reside" de Madrid (PP). Se prohiben todas las viviendas turísticas de particulares con los mismos argumentos del gobierno de España (PSOE), falta y encarecimiento de alquileres residenciales. En cambio, a día de hoy el 73% de los edificios en el centro son susceptibles a reconvertirse en "pseudo-hoteles", principalmente en manos de fondos de inversión.
Véase también lo que ocurrió en Nueva York. Se prohibió toda vivienda turística por falta y encarecimiento de alquileres para los residentes. Dos años más tarde, no ha aumentado el parque de viviendas, ni ha disminuido su precio, pero sí se han incrementado considerablemente los precios de los hoteles.
De momento, los propietarios de las viviendas turísticas son libres de elegir, qué van a hacer con esas propiedades y mucho nos tememos, que acaben vendiéndose al mejor postor (extranjeros). Sobre todo, en las costas y centros turísticos se sufrirá la ausencia de dichas viviendas, puesto que la economía que generan recae trasversalmente en todo el tejido empresarial de las inmediaciones.
Lo que el presidente pretende es que las familias españolas que han adquirido con el esfuerzo de su trabajo una segunda vivienda suplan ahora, una función social responsabilidad del gobierno, a costa de sus bolsillos.
En el día de hoy, FAPAVAT ha tenido una reunión con el Ministerio de vivienda a fin de visualizar la situación de los pequeños propietarios de viviendas turísticas de España a los que se quiere excluir para dejar el negocio en manos de fondos buitres y grandes inversores. Igualmente, se trasladó al Ministerio las situaciones en las que se están encontrando miles de pequeños propietarios en nuestro país con motivo de la Ventanilla Única y la inscripción en el Registro de la Propiedad. Por parte del Ministerio se escuchó activamente a la Federación mostrando interés por sus preocupaciones.
Doris Borrego presidenta de FAPAVAT