En un momento en el que la calidad asistencial depende esencialmente del acto diagnóstico, resulta inaceptable que las decisiones que afectan a la organización del trabajo médico y a la distribución de competencias entre categorías profesionales se tomen sin criterios técnicos y sin participación médica efectiva. Este artículo expone por qué la intervención política sin formación sanitaria y sin evaluación de competencia representa un riesgo para el sistema de salud.
La historia nos muestra, el rastro de muchos políticos que han tomado decisiones sin formación sanitaria. Con mucha frecuencia los cargos políticos acceden a sus responsabilidades por designación o elección, sin necesidad de acreditar conocimientos ni experiencia en el ámbito sanitario. Esta falta de capacitación técnica no les impide legislar o aprobar medidas que afectan de forma directa a la práctica médica, incluyendo la definición de funciones clínicas y la organización de servicios.
Pese a esto, se da la circunstancia de que actualmente -y contrariamente a lo que hemos vivido en los últimos años- contamos con una ministra de Sanidad que sí es médica de profesión, por lo que sí es conocedora de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales. Sin embargo, esta circunstancia a priori positiva y que permitía depositar en el cargo esperanzas de un cambio importante, se ha tornado en frustración y decepción al comprobar cómo, pese a su condición de compañera y la unanimidad de las organizaciones que representan a los profesionales, no se ha comprometido a plasmar en un estatuto propio la patente singularidad del colectivo médico.
La sensación de desprecio es mayor cuando proviene de alguien que conoce perfectamente las condiciones de formación y laborales de los profesionales, algo que ha contribuido a la motivación para poner en marcha una campaña de movilización que hacía años que no se producía y que ha conllevado incluso la convocatoria de una huelga médica a nivel nacional.
Hay que resaltar el gran riesgo para los pacientes del fenómeno de la usurpación de funciones médicas por decisión política. En los últimos años, hemos asistido a intentos reiterados de delegar funciones clínicas —diagnóstico, seguimiento terapéutico, prescripción— en categorías profesionales que no poseen la formación ni la responsabilidad legal para asumirlas. Esta práctica, avalada o promovida por decisiones políticas, compromete la seguridad del paciente y desdibuja el marco legal de competencias establecido por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y las directivas europeas.
En cuanto al consabido pretexto de la eficiencia hay que reconocer que es una trampa peligrosa. La sustitución del médico por profesionales con menor cualificación se justifica en nombre de la eficiencia o del trabajo en equipo. Pero lejos de mejorar la asistencia, esta estrategia la precariza, introduciendo riesgos clínicos y una falsa apariencia de ahorro que en realidad incrementa los costes derivados de errores, duplicidades y deterioro en la calidad del servicio.
Existen también riesgos jurídicos y asistenciales y cualquier intento de atribuir funciones diagnósticas, terapéuticas o de prescripción a categorías no facultativas puede suponer una infracción legal, así como un atentado contra el principio de seguridad clínica. El sistema jurídico reconoce la especificidad del médico como responsable del proceso asistencial, y eludir esta realidad mediante ingeniería política no exime de responsabilidad, ni protege al paciente.
Y como conclusión está más que claro que la defensa de la función médica es una defensa del paciente. El acto médico no puede ser degradado por decisiones administrativas. Si el diagnóstico es el pilar de la asistencia, el médico debe tener presencia activa en la planificación, gestión y toma de decisiones organizativas. Proteger la función médica es proteger el sistema y garantizar una asistencia segura, rigurosa y eficiente.
Es evidente que la formación médica no puede ser sustituida por decreto ni por mayoría parlamentaria. Delegar funciones médicas a categorías con menor cualificación —por decisión política— es una irresponsabilidad técnica y un fraude asistencial. Si el diagnóstico es el eje de la asistencia, el médico debe tener voz en todas las decisiones que afecten a su función. Y eso incluye defenderla cuando otros —sin formación ni responsabilidad clínica— pretenden atribuirse su papel.
Es por esto por lo que la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz, apoyados por el Foro de la Profesión Médica luchamos por un estatuto marco propio que reconozca nuestra singularidad. Nos jugamos el futuro de la sanidad pública de casi 48 millones de españoles.
Ya saben en derrota transitoria pero nunca en doma
Si (
No(
