El presidente del Partido Popular critica al Gobierno de Sánchez por corrupción y falta de igualdad, proponiendo un plan de regeneración institucional. Aboga por una financiación autonómica más justa, un Plan de Vivienda y medidas contra la inmigración irregular. Defiende la necesidad de reformas en educación y economía para mejorar España.
El presidente del Partido Popular señala que la legislatura comenzó con la “compra corrupta de siete votos a cambio del Código Penal” y ahora prosigue “a cambio del dinero de los españoles, de la equidad y de los servicios públicos” debido al cupo separatista. “Es un acto contra la mayoría y todo aquello que vaya en contra de la igualdad de los españoles se derogará”, afirma con firmeza.
Expresa su preocupación por el hecho de que el único propósito de Sánchez sea “aguantar y comprar tiempo” para aferrarse al poder, sacrificando las instituciones, la igualdad ante la ley y los recursos de todos. Además, sostiene que este Gobierno representa únicamente “un paréntesis oscuro” en la historia democrática de España y se compromete a restaurar la igualdad y “sanear la política”.
Se propone un nuevo modelo de financiación que garantice mayores ingresos para las autonomías y que sea más respetuoso con los gastos, abogando por la colaboración de la AiREF. “La AiREF va a ser un actor importante en la propuesta de financiación que haremos”, avanza.
La postura del PP es respaldada por la vista de ayer del TJUE, lo que lo hace sentir “esperanzado”. Para su partido, así como para juristas, ex magistrados del Constitucional y ponentes de la Constitución, la amnistía es considerada “inconstitucional”.
Se compromete a presentar un plan de regeneración institucional y democrática dentro de los primeros 100 días de su gobierno, con el objetivo de “derogar buena parte del cuerpo legislativo sanchista” y modificar otras leyes que han sido aprobadas por este Ejecutivo.
“Se procederá a restablecer el delito de sedición y el de referéndum ilegal, a aumentar las penas por malversación y a restringir la facultad del Gobierno para indultar a políticos condenados”, afirma.
Feijóo sostiene que un integrante del Gobierno no debería ser capaz de acceder al CGPJ, a la Fiscalía o al Tribunal Constitucional, y se compromete a erradicar la “contaminación política” en el TC como parte de las medidas de regeneración.
Una de las propuestas que se incluyen es la presentación de un Plan de Vivienda durante los primeros 100 días de su Gobierno. Además, se contempla la elaboración de una auditoría que permita reducir los impuestos a los españoles, en un contexto donde las familias han visto disminuir su poder adquisitivo y la brecha de renta per cápita con Europa ha aumentado en un 15%.
Se afirma que el Gobierno de España se encuentra “cercado por la corrupción” y que su permanencia no está en manos del propio Sánchez, sino que depende de si “algunos imputados” deciden colaborar con la Justicia o de la voluntad de los socios parlamentarios del PSOE de seguir adelante, a pesar de que “les pesa cada vez más la corrupción que asola al Gobierno”.
Se compromete a que la falta de presentación de los PGE por parte del Gobierno tendrá “consecuencias jurídicas”, ya sea a través de una cuestión de confianza o mediante la convocatoria de elecciones, y critica que el presupuesto del país se encuentre en una prórroga tras otra.
En relación con la crisis migratoria, Feijóo sostiene que el “discurso de odio no puede suponer callarse o silenciar el descontrol migratorio que padece España” y critica la “ausencia de política y de responsabilidad” por parte del Gobierno, que busca “trasladar y echar a los partidos la responsabilidad” de sus competencias en el ámbito de la inmigración.
Se señala que “lo que es irregular no puede producir derechos” y se demanda que los migrantes se integren en la cultura, así como que acepten y respeten la Constitución y el ordenamiento jurídico español. “Aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población; quien no lo haga, no le podemos admitir: un inmigrante irregular que delinque tiene que ser deportado de forma inmediata”, sostiene.
El objetivo de gobernar en solitario con un Ejecutivo “sólido y estable” se manifiesta, además de buscar una “coalición con las urnas y los votos”. Sin embargo, rechaza la idea de establecer un cordón sanitario con Vox: “Tenemos una responsabilidad histórica, que es cambiar el Gobierno, y no me van a distraer de ninguna otra consideración”.
Las acusaciones de Vox son rechazadas por él, quien opina que “una falta de respeto y a la inteligencia de sus propios votantes y de los españoles” es pensar que el PP y el PSOE son equivalentes. “Con Sánchez vivimos peor, no mejor, y el PP es un instrumento del país”, advierte.
Se cuestiona la dependencia de la política de Defensa de España respecto a los aliados de Sánchez, así como la presencia en el Gobierno de ministros que proponen abandonar la OTAN: “La política exterior no puede depender de las cesiones a Sumar para que acepte la corrupción que asola a Sánchez. Esto no es un trueque”.
Califica de “ridículo y deshonesto” el intento de Sánchez de asumir el papel de “oposición de la Administración Trump”, y subraya que la frontera sur de Europa es “la más compleja”, por lo que defiende la necesidad de ser “leales con nuestros aliados”.
La falta de competitividad en la economía europea es considerada “un problema de primer orden”, y se solicita avanzar en esta área para “mantener el sistema de bienestar más ambicioso del mundo” y evitar que el Viejo Continente se transforme en el “anciano continente”.
Se enfatiza la necesidad de una reforma educativa, destacando los logros alcanzados por el PP en colaboración con las comunidades autónomas que están bajo su gobierno. Entre estos avances se encuentra la celebración de la EBAU en fechas unificadas y con un contenido estándar. Además, se sostiene que el terrorismo debe ser parte del currículo escolar para que todos los estudiantes comprendan que el Estado “no se doblegó” ante el terrorismo de ETA.