Comprobado en los últimos tiempos el baremo moral de quienes hoy gobiernan España, al que se añade su capacidad para manipular normas, controles e instituciones, voy a plantearles una hipótesis política en principio descabellada. O no, como diría el gallego Rajoy, conociendo el afán de lo que llamamos “sanchismo” para aferrarse desesperadamente al poder. Con la expresa advertencia de que se trata, solamente, de un ejercicio de política-ficción.
Nuestra Constitución regula (artículos 68 y 69) que el Congreso de los Diputados y el Senado sean elegidos por un mandato temporal de cuatro años, y que ese mandato termine cuatro años después de su elección (o el día en que se disuelvan las Cámaras, en caso de convocatoria anticipada) debiendo tener lugar las elecciones generales entre los treinta y los sesenta días siguientes a la terminación del mandato. Tras las elecciones, el Congreso (artículo 99 de la Constitución) elige al presidente del Gobierno con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus diputados (176 de un total de 350).
Las últimas elecciones generales se celebraron en España el 23 de julio de 2023. Luego, el 22 de julio de 2027 -dentro de unos dos años- finaliza el mandato de los parlamentarios actuales, y el Gobierno debe convocar nuevas elecciones, bajo supervisión de la Junta Electoral Central.
Dada la acreditada afición de Sánchez a retorcer las normas y colonizar todas las instituciones del Estado, ¿qué pasaría si -agobiado por los pestilentes casos de corrupción que van cercando su entorno personal- no convocara entonces las elecciones generales y decidiera permanecer en el poder? ¿Les parece a ustedes algo descabellado? ¿A qué, tratándose de semejante personaje, no se lo parece tanto?
De producirse ese indeseado futurible, ¿qué sucedería entonces en España? En primer lugar, debería intervenir inmediatamente la Junta Electoral Central. Ignoro el grado de colonización que el Gobierno ha podido alcanzar en esta importante institución, integrada por Magistrados y Catedráticos elegidos por el CGPJ y el Congreso de los Diputados. Pero es evidente que, decidiera lo que decidiera, la Junta Electoral Central carecería de ejecutividad para desalojar a Sánchez de La Moncloa.
Habría, entonces, que judicializar el asunto a instancia de la propia Junta o de los partidos de la oposición. Aunque ya conocen bien ustedes que cualquier contienda judicial acabaría, necesariamente, en la mesa del Tribunal Constitucional donde manda, como amo y señor, el obediente Conde-Pumpido, al que no se conoce ninguna decisión que contraríe a quien le colocó en ese deseado cargo. Imaginen ustedes el tiempo que consumirían todos esos trámites judiciales, que permitiría al okupa consumar -por lo menos- otra legislatura gratis.
Tampoco debemos confiar en la intervención del Ejército o de las Fuerzas de Seguridad del Estado, puestas a buen recaudo por el inquilino de La Moncloa bajo sus esbirros Margarita Robles (esa “pájara” que “duerme con el uniforme”) o Grande-Marlaska (ese juez de incomprensible decadencia profesional). Y menos de la Unión Europea, que podría protestar -e incluso acordar algún tipo de sanciones contra España- pero cuya capacidad para desalojar al sátrapa del poder sería prácticamente inexistente.
No me gusta regalar a nadie malas ideas. Y menos a los personajillos que nos gobiernan. Pero tratándose de quien nos manda, y comprobada su gran afinidad con tiranos iberoamericanos que se han perpetuado en el poder al que llegaron mediante elecciones democráticas, nunca está de más ponerse en lo peor. Como dicen muchos venezolanos que pasan por mi despacho: “Nosotros venimos del futuro. También pensábamos que en Venezuela nunca nos podía pasar”. Y a un montón de españoles todo les parecería bien para que no volviera Franco.
Si (
No(
