Los límites al precio del alquiler afectarán a unas 150.000 viviendas

El número de grandes tenedores en España (considerando como tales a los dueños de pisos que son titulares de un número superior a las ocho viviendas, según el estudio llevado a cabo por EP Data) tuvo su gran eclosión en 2009, coincidiendo con el estallido de la crisis financiera mundial. En ese momento, el 55 por ciento de las altas en el registro catrastal correspondían a operaciones inmobiliarias fraguadas por este colectivo. A partir de ese periodo, el declive fue continuo y permanente: 52 por ciento en 2010; 50 por ciento en 2011; 44 por ciento en 2012; 38 por ciento en 2013; 28 por ciento en 2014, y apenas el 22 por ciento en 2015.

Sin embargo, el siguiente año implicó un punto de inflexión que estableció una nueva dinámica ascendente: 25 por ciento en 2016; 28 por ciento en 2017; 34 por ciento en 2018, y 39 por ciento en 2019. Esta tendencia se truncó, ligeramente, en 2020, con un descenso de un punto en relación a 2019 (38 por ciento), si bien el nivel sigue estando lejos del que reflejaba esta estadística en 2009 (55 por ciento).

Cabe recordar que la normativa lanzada estos días a bombo y platillo por el Gobierno central establece esta primera condición para que la Administración pueda aplicar este tipo de restricciones a la tarifas de arrendamiento. El otro requisito es que estos grandes tenedores han de estar constituidos, además, en sociedades con personalidad jurídica, circunstancia que, en gran medida, circunscribe la acción de la Ley a la actividad de los fondos de inversiones y las entidades financieras.

ZONAS TENSIONADAS

Existe, además, una tercera prerrogativa, y es que la vivienda en cuestión a la que se pretende ajustar la cuota que ha de abonar el inquilino ha de estar ubicada en una 'zona tensionada', entendiendo como tal aquella área geográfica que haya experimentado, en el transcurso de los últimos años, un aumento ininterrumpido del precio de los alquileres hasta el punto de que este gasto haya llegado a convertirse en insostenible para la economía familiar o individual.

Concretamente, la normativa perfila que en este concepto de ‘zona tensionada’ se sitúan todos aquellos distritos (aunque también podría tratarse de un municipio o una localidad, en su totalidad) donde el pago del alquiler implica dedicar a esta finalidad el 30 por ciento del conjunto de los ingresos mensuales.

Ahora bien, ¿quiere ello decir que, a partir de la promulgación de la nueva Ley de vivienda, el conjunto del país va a quedar dividido entre ‘zonas tensionadas’ y otras que no presentan esta condición? No exactamente. Al margen de que todavía resta por definir con mayor precisión las características de estas áreas, también hay que tener en cuenta que no es al Gobierno central, pese a ser el impulsor de la iniciativa, al que le corresponde fijar qué territorios específicos recibirán esta denominación. Esa es una potestad de las Comunidades Autónomas, y no todas ellas ven con buenos ojos la Ley auspiciada por el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos.

LOS INQUILINOS CONSIDERAN QUE LA LEY ES "INSUFICIENTE"

Diferente es la valoración que ha realizado el Sindicato de Inquilinos en torno a la nueva Ley. Para esta entidad, resulta "insuficiente" el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Su posición es que la limitacion del precio del alquiler ha de redundar en la totalidad del mercado, y no solo en los grandes tenedores.

Poniendo como ejemplo concreto la ciudad de Barcelona, el Sindicato afirma que casi el 70 por ciento de los inquilinos no verán alterada su situación actual, es decir, continuará teniendo que hacer frente a las mismas cuotas, mientras que, a su juicio, las bonificaciones fiscales del 90 por ciento para que los particulares con menos de 10 viviendas bajen los precios, implican una "transferencia directa" del conjunto de la sociedad a las economías con ingresos más altos.

APOYOS POLÍTICOS

El Sindicato ha puesto también de relieve que el camino que, supuestamente, ha de desembocar en la aplicación de esta normativa, aún no ha finalizado, ya que el Gobierno deberá buscar los apoyos parlamentarios que precisa para sacarla adelante.

Además de los dos socios de coalición, la previsión es que formaciones como Esquerra Republicana, Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG respalden la iniciativa, pero no lo harán mediante un cheque en blanco sino que querrán incorporar sus propias propuestas.

De ser así, la configuración definitiva del texto podría experimentar cambios significativos, y, por tanto, si para una parte de los sectores de opinión el actual documento ya bordea los límites de la vulneración de los derechos asociados a la propiedad privada, una versión ampliada y corregida, con las contribuciones de los grupos más a la izquierda del arco parlamentario, aumentará todavía más la controversia.