NC denuncia la irresponsabilidad de los presupuestos en Justicia

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández hoy en comisión, durante la presentación de los presupuestos para 2024 de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; sostuvo que estas cuentas son “irresponsables” en materia judicial por el grave problema de infraestructuras y recursos humanos existente. La diputada del grupo canarista progresista aseguró que, con un aumento de las transferencias de 18 millones de euros para Justicia, Administraciones Públicas y Seguridad, se renuncia a afrontar los retos de estos departamentos. Hernández calificó los presupuestos de “decepcionantes” ya que será “imposible” abordar la simplificación y modernización administrativa.

Carmen Hernández hizo hincapié en que, sin la dotación de las transferencias destinadas a la reconstrucción de La Palma, quedan sólo 18 millones de euros para invertir en Justicia, Administraciones Públicas y Seguridad. “Decepcionantes e irresponsables” fueron los dos calificativos que resumen, para la parlamentaria de NC-BC, el tratamiento dado por el pacto de las derechas canarias a esta consejería, teniendo en cuenta que los gastos han aumentado 1.121 millones de euros en total con respecto a 2023.

Sostuvo que, “en absoluto”, se ven reflejados los principios recogidos en la memoria. Se refería, tal y como expuso de forma literal, al objetivo de “dar cumplimiento a los principales ejes de trabajo para la legislatura 2023-2027, entre ellos, conseguir que nuestra administración pública preste unos servicios públicos modernos y de calidad, ágiles, accesibles, simplificados y transparentes, donde las personas sean el centro de todas las políticas y reformas que se impulsen¨.

Para Hernández, este departamento debe abordar varios retos, algunos cronificados en el tiempo, convertidos en urgentes. Entre ellos, la desburocratización y simplificación, cuya estrategia en elaboración, según recordó en base a los anuncios hechos por Barreto, “no la veo reflejada” en el proyecto de ley presupuestario.

Otros desafíos nombrados por Carmen Hernández fueron la ampliación del número de juzgados y las condiciones accesibilidad, seguridad y de habitabilidad de los actuales. Más medios materiales y un sistema informático operativo conjunto con policías locales y canaria, la mejora del sistema de seguridad y emergencias, la formación del personal de este departamento y el de las administraciones públicas canarias, en general, fueron otros deberes a afrontar expuestos por la diputada canarista.

Se detuvo en el ámbito de la Justicia porque, con estos presupuestos, sostuvo que se renuncia a afrontar los serios problemas que padece. Para NC-BC, es una “irresponsabilidad” que no se responda a la situación de emergencia denunciada, la semana pasada por el TSJC. El Gobierno conservador, tal y como reprochó, “no responde a las necesidades apremiantes” del sistema judicial canario, reclamados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en los informes anuales. Tanto en medios humanos como materiales y, especialmente, en la situación “sangrante” de las infraestructuras, avisó.

Sólo 200.000 euros para el palacio de Justicia de Tenerife y se recorta en 370.000 euros el Palacio de Justicia de Fuerteventura, subrayó. Senecesita, añadió, un nuevo edificio en Puerto de Rosario, en San Bartolomé de Tirajana y Granadilla de Abona, entre otros.

Hizo hincapié la diputada canarista en el aviso del presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, sobre la existencia de señales de alarma en el sistema y el riesgo de colapsar. Fue con motivo de la presentación de la memoria de 2022 cuando evidenció Lorenzo que prácticamente todos los partidos y sedes judiciales necesitan reformas o ampliaciones, relató la parlamentaria de NC-BC.

En relación con la memoria anteriormente citada, Carmen Hernández refirió el programa de mediación judicial que, aunque aumenta en sus dotaciones, debe ser considerada como una importante herramienta para bajar las elevadas tasas de litigiosidad en Canarias.

Se mostró crítica con el recorte en seguridad y emergencias, un siete por ciento (2,7 millones de euros). Las sociedades modernas, en opinión de NC-BC, deben apostar por un sólido sistema de seguridad y emergencia. “Hemos comprobado su importancia en las diferentes situaciones” afrontadas en los últimos años. Desde la pandemia mundial del coronavirus, la crisis vulcanológica de La Palma y los incendios en distintas islas.