Miércoles 09 de enero de 2019
El Consejo de Escolar del Estado reclama al Gobierno que acuerde, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan de incremento del gasto público en educación para los próximos 5 años, que permita alcanzar el equivalente al 7 por ciento del PIB, con el fin de equipar a España de manera progresiva a la media de la Unión Europea
Precisamente hoy se ha reunido la Conferencia Sectorial de Educación, en la que la ministra, Isabel Celaá, ha presentado el proyecto de reforma de la Ley a los consejeros de las comunidades autónomas.
Esta reclamación está incluida en una enmienda al anteproyecto de reforma educativa que ha introducido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el informe realizado por el Consejo Escolar del Estado.
Asimismo, en línea con las reivindicaciones de CSIF, el informe del Consejo Escolar señala la necesidad de un pacto político por la educación en los siguientes términos: “una regulación de la educación que, en sus aspectos fundamentales, sea estable por contar con un amplio apoyo parlamentario y que, consiguientemente, conforme una política de Estado a largo plazo que asegure su continuidad más allá de la alternancia de las mayorías de Gobierno.”
Las enmiendas introducidas por CSIF al informe del Consejo Escolar también señalan la necesidad de que la enseñanza al alumnado con dificultades de aprendizaje, así como en materia de apoyo y refuerzo, cuente con las ratios adecuadas y con el personal docente suficiente y especializado.
En la misma línea, los centros docentes deben contar también con mayor dotación de personal para elaborar planes de refuerzo y profundización para los alumnos que así lo requieran.
En todo caso, CSIF considera que la reunión del Consejo Escolar ha sido caótica por la cantidad de enmiendas presentadas, lo que demuestra las carencias del borrador redactado por el Ministerio.
Además, CSIF lamenta que no se hayan tenido en cuenta por parte de organizaciones afines al Gobierno la necesidad de subrayar la capacidad del Estado a la hora de regular la proporción de la lengua castellana y la lengua cooficial para evitar situaciones de discriminación.
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