Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha presidido la constitución del Consejo de la Memoria Democrática, que implementa la Ley de Memoria Democrática de 2022. Este consejo tiene como funciones clave informar sobre el Plan de Memoria Democrática, supervisar actividades de búsqueda y exhumación, y elaborar recomendaciones para promover la memoria histórica. Además, se creará una Comisión dedicada a investigar violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura en España. El consejo se reunirá semestralmente y sus miembros no recibirán remuneración por su labor. La iniciativa busca asegurar que las lecciones del pasado contribuyan a una convivencia democrática y a la dignidad de las víctimas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha liderado la constitución del Consejo de la Memoria Democrática, un organismo que se encargará de implementar la Ley de Memoria Democrática de 2022. Este consejo tiene como principales funciones informar sobre el Plan de Memoria Democrática, así como gestionar un plan plurianual que abarca la búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas.
Durante su intervención, Torres expresó su agradecimiento a los miembros del consejo por su compromiso en “divulgar el valor de la Memoria Democrática y la dignidad de las víctimas”. Subrayó la importancia de que la sociedad reconozca cómo se alcanzó la democracia y valore los derechos actuales frente a un pasado marcado por una dictadura que mantuvo al país en un régimen totalitario durante 40 años.
Los integrantes del consejo no recibirán compensación económica por sus funciones ni por su asistencia a reuniones. Sin embargo, tendrán acceso a archivos y fondos documentales tanto públicos como privados, conforme a la legislación vigente.
La presidencia del consejo corresponde al titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Este tendrá la responsabilidad de convocar sesiones, establecer el orden del día según las solicitudes de los miembros, moderar los debates y dirimir empates mediante su voto. Además, asegurará el cumplimiento legal y validará actas y certificaciones.
Entre las atribuciones de los miembros del consejo se incluye recibir convocatorias con el orden del día, solicitar temas para debate y participar activamente en las discusiones. También tienen derecho a votar y presentar votos particulares.
Asimismo, se creará una Comisión dedicada a investigar las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura. Esta comisión buscará esclarecer estos hechos para fomentar una convivencia democrática. Recibirá testimonios e información relevante que le permita formular conclusiones y recomendaciones orientadas a reparar a las víctimas y prevenir futuros abusos.
Dicha Comisión estará compuesta por un máximo de diez personas independientes con reconocimiento en el ámbito académico o profesional relacionado con los derechos humanos. Su selección será realizada por el consejo mediante acuerdo mayoritario, considerando criterios de solvencia profesional y paridad entre géneros.
El plazo para que esta Comisión presente su informe final con conclusiones será de dieciocho meses desde su constitución, momento en el cual concluirá el mandato de sus integrantes.