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El Gobierno de España ha aprobado la Estrategia Marítima 2025-2050, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de descarbonizar y modernizar el sector marítimo. Esta estrategia, que involucra a once ministerios y al sector marítimo español, busca mejorar la competitividad del transporte marítimo, que representa un alto porcentaje de las exportaciones e importaciones del país. Se establecen siete ejes de acción, incluyendo la transición energética, innovación tecnológica y mejora del empleo en el sector. Además, se desarrollarán planes para financiar la renovación de flotas y cumplir con los objetivos medioambientales de la Unión Europea.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria demanda “vías legales y seguras” que eviten que el mar sea “la tumba” en el 20% de los casos.

La gestión canaria de aeropuertos y la exención de reglas fiscales para la recuperación de La Palma centran el trabajo con el Gobierno del Estado.

Cristina Valido y María Fernández, de Coalición Canaria, critican la falta de interés del Gobierno español en actualizar los costes del transporte de mercancías a Canarias, lo que encarece productos básicos. Exigen una respuesta urgente para aliviar la carga económica sobre las familias canarias ante la inflación y el aumento de precios.

El 1 de julio de 2025 entrará en vigor en España la normativa europea para regular los alquileres de corta duración. Esta medida busca abordar la problemática de la vivienda, estableciendo un registro único que obligará a todas las propiedades destinadas a uso turístico a obtener un código de registro para operar legalmente. El Ministerio de Vivienda ha habilitado el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital para facilitar este proceso. A partir del 2 de enero de 2025, los propietarios podrán solicitar su número de registro, que deberán exhibir en plataformas de alquiler. Además, se lanzará una campaña informativa para concienciar sobre esta nueva regulación.

El Cabildo de Gran Canaria solicita al Gobierno de España que permita la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante incendios forestales, independientemente del nivel de emergencia. La moción, apoyada por varios partidos, busca adaptar el protocolo actual a las necesidades insulares y mejorar la respuesta ante situaciones críticas.

El Gobierno de España ha bloqueado más de 14 millones de llamadas fraudulentas en los primeros meses de implementación del Plan contra las estafas telefónicas, según anunció el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Desde su entrada en vigor el 7 de marzo, se han bloqueado un promedio diario de 235.600 llamadas y 10.000 SMS. Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el 7 de junio, incluyen la prohibición de recibir llamadas y SMS internacionales falsamente identificados como nacionales y limitan las llamadas comerciales a números específicos. Además, se creará una base de datos oficial para verificar identificadores alfanuméricos utilizados por empresas y administraciones públicas, mejorando así la seguridad y protección del ciudadano frente a fraudes.

“Es indignante que el Gobierno de España siga poniendo excusas para no atender la urgencia humanitaria de la crisis migratoria”, afirma San Ginés.

El ministro se compromete a que el Estado recogerá las singularidades y dimensión de las empresas canarias para afrontar la guerra arancelaria.

El senador de Coalición Canaria reclama que se activen las medidas que se aprobaron en la ley estatal para responder a más de 4.000 pacientes.

Coalición Canaria, representada por Cristina Valido y David Toledo, urge al Gobierno de España a presentar cuanto antes el proyecto de ley para los Presupuestos Generales del Estado 2026. Destacan la necesidad de actualizar las cuentas públicas ante cambios económicos y cumplir compromisos con Canarias, especialmente en áreas críticas como la reconstrucción de La Palma.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, y Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, han exigido al Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos económicos para la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. En una reunión reciente, abordaron la necesidad urgente de agilizar ayudas que incluyen un 60% del coste de reconstrucción y 100 millones de euros anuales. Ambos líderes destacaron la falta de compromiso del Gobierno central y enfatizaron la importancia de prorrogar medidas que beneficien a diversos sectores locales. Valido reafirmó su compromiso con La Palma y anunció gestiones para asegurar recursos necesarios para su desarrollo futuro.

El Gobierno de España ha abierto el plazo para solicitar ayudas a los afectados por las inundaciones en Lanzarote, que estará disponible hasta el 14 de mayo de 2025. Estas subvenciones están destinadas a personas y entidades que hayan sufrido daños por situaciones de emergencia, reguladas por la Ley General de Subvenciones y otros decretos relevantes. Los beneficiarios pueden incluir unidades familiares, corporaciones locales y pequeños negocios con menos de cincuenta empleados. La solicitud debe presentarse en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote o en registros oficiales.

Matilde Asián, consejera de Hacienda, defendió la ejecución presupuestaria de 2024 en Canarias, aclarando que los 1.286 millones no ejecutados se trasladarán a 2025 y corresponden a fondos finalistas. Destacó que la ejecución alcanza el 95,25% y criticó las alarmas sobre la inejecución, subrayando la necesidad de actualizar normas fiscales.

El senador de Coalición Canaria también fuerza la aprobación del uso del superávit en el Cabildo y en los tres ayuntamientos palmeros afectados. “Tres años después de la erupción, La Palma aún no ha recuperado el PIB anterior al volcán y es inaceptable la desidia del Estado”.