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El Ministerio de Hacienda ha anunciado que en 2026 las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán un total récord de 156.990 millones de euros en entregas a cuenta, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año actual. Esta cifra histórica refleja la sólida recuperación económica de España y el compromiso del Gobierno para asegurar recursos suficientes para los servicios públicos. Además, se prevé una liquidación adicional de 13.506 millones de euros, elevando el total a 169.560 millones. Estas medidas buscan proporcionar certidumbre presupuestaria a las administraciones autonómicas y garantizar su autonomía financiera.

El Cabildo de La Palma ha exigido al Gobierno español un compromiso firme para la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica. El presidente Sergio Rodríguez expresó su preocupación por la reducción drástica de fondos, como el recorte del Plan Integral de Empleo de 30 a 12 millones de euros y el incumplimiento de los 100 millones anuales prometidos para la recuperación. Rodríguez destacó que estas decisiones afectan gravemente la reactivación económica y social de La Palma, instando al Estado a cumplir sus obligaciones para asegurar un futuro estable para los afectados. La falta de apoyo en la recuperación de infraestructuras también agrava la situación, con un déficit significativo en los fondos necesarios.

El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han acordado las bases para una nueva financiación singular que se enmarca en la reforma del sistema de financiación autonómica. Este acuerdo busca atender las particularidades de Cataluña, fortaleciendo su autogobierno y autonomía fiscal. Entre los puntos clave se incluyen la suficiencia financiera, la corresponsabilidad fiscal y un modelo de gestión tributaria que permita a la Agencia Tributaria de Cataluña asumir competencias en la gestión del IRPF. Además, se establece un compromiso para intensificar la colaboración entre ambas administraciones en la lucha contra el fraude y mejorar la eficiencia en la gestión tributaria. Este avance es crucial para el desarrollo económico y fiscal de Cataluña.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado que la ayuda de 50 millones de euros anuales para la recuperación de La Palma se prorrogará más allá de 2027 si el Gobierno de España no cumple con sus compromisos financieros. A pesar del anuncio del gobierno central de destinar 100 millones anuales hasta 2027, la incertidumbre sobre las ayudas para 2025 ha llevado a Domínguez a asegurar que el Ejecutivo canario mantendrá su apoyo financiero para garantizar la reconstrucción tras la erupción del volcán Tajogaite. Durante su visita a La Palma, destacó la importancia de seguir apoyando a los palmeros y reafirmó su compromiso ante diversas entidades locales.

Pedro Afonso, viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, ha solicitado al Ministerio de Hacienda que prorrogue la moratoria del pago de intereses para créditos en los municipios de El Paso, Los Llanos y Tazacorte. En una carta a la ministra María Jesús Montero, Afonso destaca las graves consecuencias económicas y sociales que enfrenta la isla debido a los incumplimientos del Gobierno español. Además, reclama la transferencia inmediata de 200 millones de euros adeudados por el Estado, necesarios para compensar a quienes perdieron sus fincas tras la erupción volcánica. Esta es la cuarta vez que se realizan estas solicitudes, evidenciando la urgencia de apoyo financiero para la recuperación de La Palma.

El Gobierno de España y el de Canarias deben informar al Tribunal Supremo cada 15 días sobre la acogida de cerca de mil menores migrantes no acompañados. Esta obligación surge tras advertencias del tribunal por incumplimientos previos, y se acordó inscribir a 827 menores en el Sistema de Atención Humanitaria.

La presidenta del Cabildo de Tenerife exige al Gobierno de España que rectifique la exclusión de Canarias del programa ‘Verano Joven’, que ofrece descuentos de hasta el 90 % para moverse por Europa, pero no contempla los desplazamientos aéreos o marítimos desde el Archipiélago.

El Gobierno de España ha aprobado la Estrategia Marítima 2025-2050, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de descarbonizar y modernizar el sector marítimo. Esta estrategia, que involucra a once ministerios y al sector marítimo español, busca mejorar la competitividad del transporte marítimo, que representa un alto porcentaje de las exportaciones e importaciones del país. Se establecen siete ejes de acción, incluyendo la transición energética, innovación tecnológica y mejora del empleo en el sector. Además, se desarrollarán planes para financiar la renovación de flotas y cumplir con los objetivos medioambientales de la Unión Europea.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria demanda “vías legales y seguras” que eviten que el mar sea “la tumba” en el 20% de los casos.

La gestión canaria de aeropuertos y la exención de reglas fiscales para la recuperación de La Palma centran el trabajo con el Gobierno del Estado.

Cristina Valido y María Fernández, de Coalición Canaria, critican la falta de interés del Gobierno español en actualizar los costes del transporte de mercancías a Canarias, lo que encarece productos básicos. Exigen una respuesta urgente para aliviar la carga económica sobre las familias canarias ante la inflación y el aumento de precios.

El 1 de julio de 2025 entrará en vigor en España la normativa europea para regular los alquileres de corta duración. Esta medida busca abordar la problemática de la vivienda, estableciendo un registro único que obligará a todas las propiedades destinadas a uso turístico a obtener un código de registro para operar legalmente. El Ministerio de Vivienda ha habilitado el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital para facilitar este proceso. A partir del 2 de enero de 2025, los propietarios podrán solicitar su número de registro, que deberán exhibir en plataformas de alquiler. Además, se lanzará una campaña informativa para concienciar sobre esta nueva regulación.

El Cabildo de Gran Canaria solicita al Gobierno de España que permita la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante incendios forestales, independientemente del nivel de emergencia. La moción, apoyada por varios partidos, busca adaptar el protocolo actual a las necesidades insulares y mejorar la respuesta ante situaciones críticas.

El Gobierno de España ha bloqueado más de 14 millones de llamadas fraudulentas en los primeros meses de implementación del Plan contra las estafas telefónicas, según anunció el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Desde su entrada en vigor el 7 de marzo, se han bloqueado un promedio diario de 235.600 llamadas y 10.000 SMS. Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el 7 de junio, incluyen la prohibición de recibir llamadas y SMS internacionales falsamente identificados como nacionales y limitan las llamadas comerciales a números específicos. Además, se creará una base de datos oficial para verificar identificadores alfanuméricos utilizados por empresas y administraciones públicas, mejorando así la seguridad y protección del ciudadano frente a fraudes.

“Es indignante que el Gobierno de España siga poniendo excusas para no atender la urgencia humanitaria de la crisis migratoria”, afirma San Ginés.