SALUD

El Congreso aprueba 500 millones para mejorar la atención a la dependencia

Redacción | Jueves 20 de noviembre de 2025

El Congreso de los Diputados ha convalidado por unanimidad un Real Decreto que moviliza 500 millones de euros para fortalecer el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y desarrollar la Ley ELA. Esta normativa introduce el Grado III+, que proporciona atención personalizada 24 horas a personas con enfermedades neurológicas avanzadas, garantizando una prestación económica de hasta 10.000 euros mensuales, financiada en un 50% por el Estado. La inversión total en dependencia alcanza un récord de 3.729 millones de euros, buscando avanzar hacia un sistema más personalizado y adaptado a las necesidades de los usuarios.



La Cámara Baja ha ratificado, de manera unánime, el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, que moviliza 500 millones de euros para fortalecer el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y desarrollar integralmente la Ley ELA. Este decreto introduce el Grado III+, un nuevo nivel de dependencia extrema diseñado para ofrecer atención 24 horas a personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados complejos.

Cálculos financieros detrás del Grado III+

Con respecto al Grado III+, cada paciente tendrá derecho a una prestación económica mensual cercana a los 9.860 euros, donde el Gobierno cubrirá aproximadamente 4.930 euros. Esta ayuda es esencial para proporcionar cuidados básicos como respirar o alimentarse, evitando así riesgos vitales.

A nivel anual, se estima que cada paciente requerirá una inversión salarial aproximada de 118.423 euros, lo que garantiza una asignación mensual adecuada para cubrir sus necesidades específicas.

Ajustes en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia

A través de estos 500 millones de euros y la introducción del Grado III+, se busca adaptar el SAAD a las particularidades de quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica y otras patologías complejas e irreversibles. El cumplimiento normativo en relación con la Ley ELA se está llevando a cabo según lo estipulado en la legislación vigente.

Bustinduy enfatizó que esta normativa representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo por parte de la sociedad civil e instituciones para mejorar el bienestar general: “En un estado de bienestar fuerte, debe ser lo público quien se adapte a las necesidades de la gente, y no al revés”. Con esta convalidación, se avanza hacia un modelo más centrado en las necesidades individuales.

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