Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso para cuestionar la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta, exigiendo su exclusión debido a las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia relacionadas con Gaza. Los seis diputados/as de IU, liderados por Nahuel González, buscan conocer el dinero público destinado a este evento ciclista y si existen acuerdos de patrocinio que respeten los derechos humanos. La iniciativa incluye preguntas sobre la comunicación del Gobierno con los organizadores de La Vuelta y propone establecer criterios éticos para futuros eventos deportivos en España.
Izquierda Unida ha tomado la iniciativa de cuestionar la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta, un evento deportivo de gran relevancia. Los seis diputados de IU en el Congreso, bajo la coordinación de Nahuel González, portavoz en temas deportivos, han presentado una serie de preguntas dirigidas a los altos funcionarios del Gobierno en áreas como Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. En su propuesta, solicitan que se exija a los organizadores de La Vuelta la exclusión del equipo israelí mientras persistan las medidas cautelares impuestas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relacionadas con Gaza.
Además, Izquierda Unida busca aclaraciones sobre los acuerdos de patrocinio y apoyo institucional que el Gobierno mantiene para esta edición de La Vuelta. Se solicita información detallada sobre subvenciones y facilidades públicas que se otorgan a través de entidades que financian el evento mediante publicidad y otros servicios.
La situación es compleja, ya que la organizadora Unipublic tiene contratos comerciales con varias empresas, incluidas Correos y Loterías y Apuestas del Estado. También se ha confirmado que RTVE ha desembolsado 12,3 millones de euros por los derechos de transmisión entre 2025 y 2028. Ante este panorama, Izquierda Unida enfatiza que el deporte celebrado en España debe alinearse con los compromisos del Estado en materia de Derechos Humanos.
En su iniciativa, los parlamentarios subrayan que “el deporte de alto nivel debe ser coherente con los principios de no discriminación e integridad”. Recuerdan que la CIJ ha dictado medidas cautelares respecto a las acciones israelíes en Gaza, lo cual plantea interrogantes sobre la legitimidad de promover equipos asociados a tales circunstancias.
González destaca que resulta inaceptable que España apoye públicamente a equipos deportivos cuya actividad pueda interpretarse como un intento de blanquear violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario. Por ello, IU pregunta al Ejecutivo si los acuerdos actuales incluyen cláusulas que permitan limitar o retirar el apoyo público si se admiten equipos vinculados a tales vulneraciones.
En este contexto, La Vuelta ya ha comenzado su recorrido por Italia antes de trasladarse a territorio español. Sin embargo, la cuestión principal radica en cómo se gestionará el apoyo institucional hacia un evento tan seguido internacionalmente.
Nahuel González recuerda que la Unión Ciclista Internacional actuó sin titubeos ante las implicaciones rusas y bielorrusas tras la invasión a Ucrania. Por lo tanto, sostiene que es responsabilidad del Gobierno garantizar que cualquier apoyo público esté sujeto a criterios éticos relacionados con Derechos Humanos.
Izquierda Unida plantea preguntas específicas sobre el equipo Israel-Premier Tech: si se exigirá su exclusión mientras existan las medidas cautelares; si ha habido comunicaciones formales con la UCI; y qué tipo de acuerdos existen actualmente con dicho equipo. Además, cuestionan si el Gobierno retirará todo apoyo público a La Vuelta si no se cumplen estos estándares éticos.
A medida que se avanza hacia futuras ediciones del evento ciclista, IU también pregunta si el Gobierno tiene planes para establecer un protocolo específico para eventos deportivos en España. Este protocolo debería incluir criterios claros para excluir equipos vinculados a graves violaciones de Derechos Humanos y asegurar transparencia en todos los convenios públicos.
Finalmente, se espera una respuesta clara del Ejecutivo sobre cómo planea abordar estas cuestiones fundamentales para garantizar que ningún evento deportivo sirva como plataforma para normalizar crímenes internacionales ni comprometer así los valores democráticos y humanitarios del país.