Pobreza

El archipiélago canario es la segunda región con mayor presión fiscal y la que menor diferencial presenta con respecto a su país, lo que la coloca en la peor posición fiscal entre las RUP.

El portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, alerta de la brecha entre facturación y condiciones laborales, con el salario medio más bajo de España y más del 30% de la población en riesgo de pobreza.

Canarias es la comunidad con la tasa más alta de exclusión social del Estado (25,5%). La exclusión es más intensa y cronificada: falla el sistema y las redes de apoyo.

Luis Campos critica la infraponderación de la insularidad y la escasa valoración del criterio de la pobreza en la propuesta del Gobierno estatal.

El PSOE alerta del fracaso de la políticafiscal y del colapso de la sanidad, la dependencia y la vivienda.

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias contará con la colaboración de EAPN Canarias para su elaboración.

La precariedad laboral se sigue cebando con las personas jóvenes, ya que Canarias es la Comunidad Autónoma con los salarios más bajos de España, a pesar de haberse visto incrementados en un 10,9% con respecto al año anterior. El precio de la entrada de un piso para una persona joven en Canarias supone 5 años de su salario neto

El Gobierno de Canarias ha aumentado la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) en un 18%, consolidándose como una de las redes de protección social más robustas del país. Este incremento se produce en un contexto donde otras comunidades autónomas han recortado sus rentas mínimas. La RCC ahora cubre al 6,6% de la población bajo el umbral de pobreza, superando la media estatal del 5,9%. Con un gasto que pasará de 86,95 a 102,41 millones de euros entre 2023 y 2024, Canarias refuerza su compromiso con la protección económica y la inclusión social. La cuantía básica está alineada con el Ingreso Mínimo Vital, garantizando coherencia entre ambos sistemas y facilitando el acceso a familias vulnerables.

El PSOE propone una reforma fiscal progresiva, con la implantación de un impuesto turístico, la rebaja fiscal en la compra de vivienda para residir y laeliminación de la bonificación del impuesto de sucesiones para las grandes herencias, medidas que permitirían incrementar los ingresos públicos en 400 millones de euros.

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social en Canarias, demandó en el Parlamento una mayor financiación estatal para combatir la pobreza, señalando que el Estado solo transfiere 30 millones de euros, cuando las necesidades reales oscilan entre 80 y 100 millones. A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, Delgado enfatizó que aún persiste una pobreza severa que requiere más recursos. Destacó iniciativas como la Renta Canaria de Ciudadanía y la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital para apoyar a las familias vulnerables. La consejera también mencionó un informe que indica una mejora en los índices de pobreza en las islas, aunque advirtió sobre la necesidad de seguir avanzando.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió el Informe El Estado de la Pobreza en Canarias 2025, que revela que el 31,2% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, la cifra más baja en diez años. Este estudio, elaborado por EAPN-Canarias, destaca la necesidad de políticas sostenibles de inclusión y subraya que la vivienda sigue siendo un factor crítico en el empobrecimiento. Durante la presentación, se enfatizó la importancia de conocer los indicadores para abordar las necesidades de las personas más vulnerables en las islas.

El 16 de octubre abordará la justicia y libertad para Palestina y el Sáhara, con actividades como coloquios, teatro y música. Organizado por el Cabildo de Gran Canaria, busca visibilizar la pobreza estructural y promover derechos humanos, en memoria de Cristóbal Romero.

Franquis denuncia que el modelo turístico actual es insostenible porque perpetúa la desigualdad en las islas, y reclama un cambio estructural que redistribuya la riqueza y garantice futuro a la mayoría social.

La entidad atendió en 2024 a un total de 14.929 personas desde las parroquias y a través de sus diferentes proyectos y servicios, entre ellos 2.838 menores de edad.

La institución diocesana advierte que el incremento del coste de la vida y la carestía de la vivienda obligan a priorizar su intervención para garantizar la unidad de las familias canarias, durante la presentación de su Memoria Institucional de 2024 con la presencia del Obispo Monseñor José Mazuelos.