Inconstitucionalidad

La CRUE y las universidades canarias han solicitado la revisión de la Ley 3/2025, que regula los Consejos Sociales de las universidades públicas en Canarias, tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Este recurso plantea dudas sobre aspectos técnicos como la admisión de estudiantes y la transferencia de conocimiento. Los rectores subrayan que su acción no cuestiona la legitimidad del Parlamento de Canarias ni el papel de los Consejos Sociales, pero buscan aclaraciones sobre funciones decisorias que podrían afectar la gobernanza universitaria. La colaboración con los Consejos y el Gobierno se mantendrá mientras se espera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente reforma del Reglamento del Senado impuesta por el PP, según anunció su portavoz Juan Espadas en una rueda de prensa. Los socialistas argumentan que esta reforma vulnera competencias reservadas al Gobierno y al Congreso, además de derechos fundamentales de los senadores. Espadas criticó la falta de diálogo con el PP y su tendencia a rechazar iniciativas del Gobierno, acusándolos de actuar en línea con la ultraderecha.

González denuncia la inconstitucionalidad de modificar las leyes del suelo, de Cabildos y del Consultivo al carecer de relación alguna con ingresos y gastos

Argumentan que la ley vulnera la igualdad y la separación de poderes, buscando frenar lo que consideran un "atropello" del Gobierno central.

El PP ha dado el paso que ya anunció hace casi tres meses: ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía, una iniciativa que está eximiendo de responsabilidades penales y administrativas a políticos y activistas del "procés". Con este recurso, la Ley queda ya en manos del pronunciamiento del Tribunal de Garantías, que dictará si se ajusta a la Constitución o no.

La ley de Amnistía aprobada hace menos de una semana en el Congreso es inconstitucional, según los letrados del Senado, quienes consideran que "vulnera varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Constitución"

La vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento solicita un informe a los Servicios Jurídicos para determinar el procedimiento a seguir