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Los canaristas progresistas sostienen que recortar la cohesión y recentralizar el gasto es condenar al abandono a las regiones ultraperiféricas.

El Gobierno de Canarias se reunió hoy con representantes del sector agrario, agroindustrial, de la patronal y el Parlamento para coordinar una respuesta ante el nuevo planteamiento de la Comisión Europea que merma el respaldo al sector agrario y propone importantes cambios en la PAC y, especialmente, en el principal programa de ayuda a la actividad agraria en Canarias, el POSEI.

El ‘basurazo’ estatal amenaza con sobrecargar a hogares, comercios y administraciones locales en el archipiélago. El Cabildo de Tenerife logra el respaldo de Europa y actúa para impedirlo.

El Gobierno de España ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva norma, aprobada por el Consejo de Ministros, busca clasificar información sensible relacionada con la defensa nacional y la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que promueve la transparencia y el derecho a la información. La ley establece plazos claros para la desclasificación automática de documentos y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones más avanzadas de la UE y OTAN, mejorando el acceso ciudadano a documentos oficiales.

El Ejecutivo autonómico rechaza la propuesta de la Comisión Europea para el periodo 2028–2034 porque supone un cambio total de paradigma que reduce el apoyo al sector primario y pasa a considerar el POSEI, instrumento clave para la continuidad de la actividad agraria en las islas que históricamente ha reconocido las singularidades de Canarias como Región Ultraperiférica, como una intervención más sin financiación definida.

El retraso en los pagos se ha convertido en una práctica habitual en el tejido empresarial español, perjudicando gravemente a las pymes.

El presidente Fernando Clavijo y el ministro francés de Ultramar fijan una estrategia para que las nueve regiones ultraperiféricas actúen como “una sola voz” ante la Comisión Europea.

Fernando Clavijo eleva al vicepresidente para Cohesión y Reformas las propuestas del archipiélago en materia de vivienda, conectividad, sector primario, transición energética, turismo y migración.

Miles de correos de propietarios particulares de viviendas vacacionales inundan Ministerios y Congreso mientras recurren ante el Tribunal Supremo una norma que las asociaciones califican de “ilegal” y “contraria al derecho europeo”.

La Comisión Europea cuestiona la legalidad de la Ley de Amnistía del Gobierno de Sánchez, considerándola una autoamnistía que favorece intereses políticos y compromete el Estado de Derecho, sin responder a un interés general reconocido por la UE.

El comisario Brunner anuncia un fondo adicional para atender las necesidades de los territorios que, como el archipiélago, afrontan en primera línea la presión migratoria.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, se reunió con los responsables de 28 Autoridades Portuarias para discutir el impulso de un transporte marítimo sostenible y la descarbonización del sistema portuario español. Este encuentro marcó la primera interacción de Santana tras su nombramiento. Se abordaron temas como el impacto de los aranceles estadounidenses en el sector y la revisión del Régimen de Comercio de Emisiones (ETS) en 2026. Además, se destacó la necesidad de adaptar el marco legal para implementar el proyecto OPS, que permitirá suministrar energía eléctrica a los buques en puerto, reduciendo así las emisiones contaminantes. La coordinación entre diversas entidades es esencial para cumplir con los plazos establecidos para esta transición ecológica.

El presidente participa este miércoles y jueves en el plenario del Comité Europeo de las Regiones donde defenderá la estrategia canaria en el futuro Plan de Vivienda Asequible.

España y Portugal han establecido un grupo de seguimiento para investigar la reciente interrupción del suministro eléctrico en la Península Ibérica, ocurrida el 28 de abril. La vicepresidenta española, Sara Aagesen, y la ministra portuguesa de Medio Ambiente, María da Graça Carvalho, coordinarán esfuerzos para identificar las causas del incidente y evitar futuros problemas. Ambos países también se comprometen a colaborar con organismos europeos en la elaboración de informes pertinentes. Se prevé una reunión adicional la próxima semana para intensificar esta cooperación.

El titular del Gobierno autonómico mantendrá una reunión bilateral con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto.