El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la propuesta de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, norma aprobada en 2017 que ha sido actualizada por el actual Ejecutivo autonómico para “profundizar en su filosofía de simplificación y racionalidad en la gestión del territorio”, indicó Manuel Miranda, consejero de Política Territorial.
La aprobación de la propuesta del Ejecutivo permite ahora remitir el documento al Consejo Consultivo para que, una vez sea analizada jurídicamente por este órgano, pueda ser registrada en el Parlamento de Canarias antes de que concluya el mes de julio e iniciar el debate político de su contenido.
El documento validado esta mañana, que ha sido elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, es fruto “un proceso de participación en el que han opinado más de 700 profesionales en 17 foros diferentes durante más de un año”, recordó Miranda. Se trata de una ley que el consejero calificó de “positiva, pues ha permitido impulsar unas 250 modificaciones al planeamiento, pero que es necesario profundizar en su filosofía de simplificación y racionalización de los procedimientos”.
Manuel Miranda subrayó que en estos dos años se han adelantado algunas modificaciones de la Ley, derivadas de peticiones de los propios ayuntamientos y cabildos o de “retos que deben afrontarse sin demora, como el de la vivienda o el de la demografía”. Así, explicó que mediante diferentes decretos se han impulsado las políticas de viviendas, de agilización de licencias, de apoyo a municipios de menos de 10.000 habitantes, y se han aclarado diferentes artículos para aportar mayor seguridad jurídica a los procedimientos.
Contenido de la propuesta
Respecto a la propuesta aprobada hoy, se trata de un texto que es más estricto con quienes cometen infracciones en el territorio, pues aumenta las sanciones y los plazos para evitar que las ilegalidades puedan prescribir. En este sentido, se elevan por regla general los tipos mínimos de las cuantías de las sanciones por infracciones. Por ejemplo, en el caso de las infracciones leves, el tipo básico pasa de 60 a 300 euros.
Asimismo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente amplía su plazo de actuación de 6 a 9 meses y la prescripción de las sanciones urbanísticas y territoriales pasa de 4 a 8 años.
Además, propone reducir en aproximadamente un 40% la documentación para tramitar un plan general, ya que elimina algunas fases ahora obligatorias y reduce los tiempos para su aprobación.
La propuesta de actualización de la Ley del Suelo, destacó Miranda, “da respuestas a la crisis habitacional que sufre Canarias y se suma a las medidas anteriormente adoptadas por el Gobierno”. Entre otras, incluye aumentar el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública en general y la cesión obligatoria para generar suelo en el que construir.
También se establecen medidas de apoyo a los municipios de menos de 10.000 habitantes, aumentando las posibilidades de construir vivienda en asentamientos rurales, impulsando la centralización de servicios básicos y potenciando su desarrollo para generar más oportunidades.
Igualmente, el sector primario ha sido atendido en esta propuesta, dado que se han establecido medidas para facilitar la vivienda asociada a actividades agrarias, el uso complementario y la consolidación del régimen de declaraciones responsables y comunicaciones previas. Todo ello, añadió Miranda, “para aportar mayor seguridad jurídica a los emprendedores en el sector primario de Canarias”.
El consejero calificó la propuesta gubernamental como “clave para dar respuesta ágil a desafíos como la protección del territorio, la necesidad de construir viviendas o la atención al reto demográfico en las islas” y confió en que se produzca un “enriquecedor debate político una vez entre en el Parlamento”.
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