La Agrupación Herreña Independiente (AHI) exige que el actual presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, asuma personalmente las consecuencias económicas derivadas del despido nulo de Maite Padrón, después de que el Juzgado de lo Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife haya declarado la nulidad del despido y condenado a la empresa pública insular Meridiano SAU a su readmisión, al pago de salarios de tramitación y a una indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales.
La sentencia, dictada el 23 de febrero de 2026, es clara y contundente. El juzgado declara la nulidad del despido efectuado el 14 de febrero de 2024, condenando a la empresa pública a readmitir a la trabajadora y abonar todos los salarios dejados de percibir desde esa fecha hasta su efectiva reincorporación, fijando un salario diario de 121,12 euros, además de una indemnización de 7.501 euros por daños morales.
Esto supone, a día de hoy, un coste económico para las arcas públicas que supera ampliamente los 90.000 euros, cantidad que seguirá incrementándose hasta que se produzca la readmisión efectiva, y que será sufragada íntegramente con dinero público.
Lo más grave es el contenido de la propia sentencia
El juzgado concluye expresamente que no se aportó una justificación objetiva, razonable y suficiente que explicara el despido, y señala que esta decisión se produce tras el nombramiento de Maite Padrón como vicepresidenta de la Agrupación Herreña Independiente y su designación como suplente al Senado, produciéndose su despido apenas tres meses después de asumir dichas responsabilidades políticas.Desde AHI recordamos que el despido fue ejecutado directamente por Alpidio
Armas, quien acudió personalmente al Balneario Pozo de la Salud con la carta de despido en la mano para comunicar el cese a la trabajadora, tal y como ha quedado acreditado en el procedimiento judicial.
Este hecho evidencia que la decisión no fue adoptada por los órganos colegiados de la empresa pública, como el Consejo de Administración o la Junta General, sino que fue una decisión personal, ejecutada de manera directa por quien ostentaba la presidencia.
Por ello, desde la Agrupación Herreña Independiente exigimos que Alpidio Armas asuma personalmente el coste económico derivado de esta actuación, y que no sean los ciudadanos de El Hierro quienes tengan que pagar las consecuencias de una decisión arbitraria, injusta y declarada nula por los tribunales.
No es aceptable que una actuación personal, adoptada al margen de los principios de objetividad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales, termine suponiendo un grave perjuicio económico para el conjunto de la sociedad herreña.
Esta sentencia confirma lo que AHI denunció públicamente desde el primer momento: que el despido carecía de justificación y respondía a motivaciones ajenas a criterios profesionales.
En cualquier democracia, quien toma una decisión ilegal debe asumir sus consecuencias. Por responsabilidad política, por respeto a las instituciones y por dignidad democrática, Alpidio Armas debe responder personalmente de los daños causados.
Desde AHI reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los trabajadores públicos, con la legalidad y con el respeto a las instituciones, y seguiremos trabajando para que hechos como este no vuelvan a repetirse en nuestra isla.
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