La Secretaría General de Pesca, las cofradías de pescadores y la patronal de armadores Cepesca se han reunido por la tarde y, al término del encuentro, han difundido un comunicado conjunto con los detalles del entendimiento. El acuerdo se centra en los aspectos que habían generado mayor polémica: anotaciones de capturas y notificación previa.
Uno de los puntos clave afecta a la declaración de capturas de especies por debajo de 50 kilos, una cuestión que el sector venía reclamando por el riesgo de incurrir en incumplimientos involuntarios. El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha defendido que se han logrado aspectos “fundamentales”. “Esto es muy importante, porque con el margen de tolerancia que hay de un 20 %, la probabilidad de que acabáramos cometiendo infracciones sin querer eran grandísima”, ha afirmado a la salida de la reunión en el Ministerio de Agricultura.
En relación con la anotación de capturas por operación de pesca, el texto acordado establece que se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque. Además, se modifica la notificación previa de cuatro horas: el sector ha logrado que no sea necesario avisar con esa antelación, con el objetivo de evitar esperas innecesarias.
Las cofradías han expresado su satisfacción y han apuntado que las flexibilizaciones son una buena noticia, al considerar que el escenario anterior abría la puerta a sanciones económicas previsibles para el sector.
La firma del acuerdo llega tras un lunes de tensión en la calle. Centenares de pescadores se han concentrado en Madrid ante la sede de la Secretaría General de Pesca, a donde han llegado en autobuses desde zonas como Andalucía, Asturias y Galicia, para denunciar que la norma era una “aberración” que les dificultaba faenar. Entre los cánticos se escucharon consignas como “Queremos trabajar” y “Gobierne quien gobierne, los mares no se venden”.
Las protestas se reprodujeron de costa a costa: concentraciones en Tarragona, paro de la flota en Ayamonte (Huelva), movilización y amarre total en Almería, cierre de lonjas y flota amarrada en el País Vasco (Pasaia, Ondarroa y Bermeo), paro de entre 400 y 500 barcos en la Comunidad Valenciana, seguimiento masivo en Asturias y adhesión de la flota cántabra y catalana, además de parte de Canarias.
Con el pacto anunciado a última hora de la tarde, el sector da por cerrada —al menos de momento— la escalada del conflicto.
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