El Defensor del Pueblo impugna la Ley de Consejos Sociales en Canarias
Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2025, que regula el funcionamiento de los Consejos Sociales en las universidades públicas canarias. Esta acción se lleva a cabo a solicitud de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), respaldada por las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. Las instituciones académicas buscan aclarar aspectos técnicos relacionados con sus competencias.
El recurso plantea interrogantes legales sobre varios elementos de la ley, incluyendo el régimen de titulaciones oficiales, admisión y permanencia de estudiantes, así como cuestiones sobre retribuciones del personal investigador y acceso a datos personales en los archivos universitarios.
Preocupaciones sobre la estructura y funciones del Consejo Social
Los rectores han comunicado a los grupos parlamentarios las razones que les llevaron a solicitar la intervención del Defensor del Pueblo. En su declaración, enfatizan que esta decisión no busca cuestionar la legitimidad del Parlamento de Canarias ni la importancia de los Consejos Sociales como entidades clave para la participación social en el ámbito universitario. “Mantenemos con ellos una relación leal y colaborativa”, afirman.
Entre las preocupaciones técnicas planteadas se encuentra la asignación al Consejo Social de funciones decisorias o informes previos vinculantes que exceden su rol como órgano participativo. También se critica la creación de estructuras que podrían interferir con los órganos de gobierno universitario y la introducción de autorizaciones previas en materia económica, lo cual podría obstaculizar la planificación financiera y ejecución de proyectos educativos e investigativos.
Posible colisión con normativa estatal
Asimismo, algunas disposiciones parecen entrar en conflicto con la normativa estatal básica sobre organización universitaria y distribución de competencias. Esto ha llevado a los rectores a solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para garantizar seguridad jurídica en el sistema educativo.
“Queremos reiterar” –afirmaron los rectores– “que esta actuación no altera nuestra voluntad de diálogo ni nuestra colaboración con los Consejos Sociales, el Parlamento y el Gobierno de Canarias”. Las universidades públicas canarias están comprometidas a trabajar con lealtad institucional y al servicio de la sociedad, respetando plenamente la legislación vigente y acatando cualquier resolución futura del Tribunal Constitucional.
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