La junta directiva de la Unión de Asociaciones Vecinales de Canarias – 8 Islas (U.AVC) ha analizado el informe elaborado por Cáritas Diocesana para el Cabildo Insular de Tenerife y publicado en diferentes medios de comunicación insulares, referente al estudio sobre la situación de exclusión residencial extrema que se sufre en la Isla de Tenerife.
Un trabajo escrutado durante el año 2024 y en el que las cifras son claramente significativas. En su informe, Caritas ha registrado 2 .838 personas sin hogar, aludiendo a que ésta es “ la cifra más alta de los últimos cinco años con un incremento del sin hogarismo del 23% respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto el agravamiento de la crisis social que ya alcanza dimensiones estructurales ”.
Poniendo de manifiesto como posibles causas, entre otros factores, “ La grave crisis en el acceso a la vivienda, la influencia de la gestión turística, la migración y las deficiencias estructurales del sistema de protección”.
El informe, basado en un amplio estudio estadístico identifica la singularidad de estas personas sin hogar con su localización y concentración geográfica. Bajo la correlación entre las personas en exclusión y el mercado inmobiliario ofertante, en el que paulatinamente aumentan su desequilibrio. Apuntando como probables causas, entre otras, a la entrada en el mercado inmobiliario de las viviendas vacacionales por reconversión de su anterior oferta como alquileres tradicionales, y al aumento de los precios que están experimentando las compraventas y los arrendamientos de las viviendas libres en el área metropolitana y en las zonas turísticas de la isla tinerfeña que, a tenor del informe elaborado por Cáritas, concentran el 81,6% de la población sin techo estudiada, lo que supone un total de 2.299 personas en emergencia habitacional.
En consecuencia, la junta directiva de la U.AVC ha acordado dirigirse al Gobierno de Canarias instando a que, en primer lugar, proceda a ampliar el informe elaborado por Cáritas Diocesana, a petición del Cabildo Insular de Tenerife, con extensión e incorporación del resto de las Islas Canarias, facilitando un mapa regional objetivo de la realidad en la demanda habitacional y su repercusión sobre las personas en situación de emergencia habitacional.
En segundo lugar y en esta misma línea, elevar a la declaración de zonas tensionadas a aquellos municipios que por sus singularidades deban ser intervenidos por la Administración, en sus mercados inmobiliarios, por la existencia de riesgo debido a su oferta insuficiente y al incremento desproporcionado en los precios de los alquileres. Toda vez que, no podemos ni debemos seguir permitiendo una progresiva especulación inmobiliaria con la que se está asfixiando a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores y a las familias canarias en general que desean acceder a una vivienda digna a través de este mercado especulativo.
Igualmente, comprobando el incremento descomunal que se ha producido durante el primer semestre de este año, por la compraventa de viviendas realizada por personas extranjeras, que asciende a un total de “4.629 de las operaciones de compraventa de inmuebles”, conforme a la información publicada en diversos medios de comunicación. Se ha instado al Gobierno de Canarias a adoptar las medidas oportunas que limiten esta competencia desleal y especulativa, para regular la demanda de nuestros vecinos con una oferta habitacional más equitativa.
Francisco C. Barreto Rodríguez. Presidente de U.AVC
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