Se firma protocolo para red ferroviaria en Gran Canaria

Un protocolo general de actuación ha sido firmado por el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, junto con el Cabildo de Gran Canaria. Este acuerdo establece un marco de colaboración institucional que asegura los avances requeridos para la financiación y el desarrollo del tren en la isla.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo, Pablo Rodríguez; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentaron el acuerdo que detalla los compromisos específicos de cada Administración. En este acto también estuvieron presentes Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias; María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno canario; Teodoro Sosa, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria; así como Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

Con la firma de este protocolo, el presidente de Canarias ha destacado que “estamos poniendo los cimientos de un proyecto que simboliza nuestro compromiso con la sostenibilidad, la modernidad y la cohesión territorial. El tren es mucho más que una infraestructura: es la oportunidad de transformar nuestra manera de movernos, de mejorar la calidad de vida de los canarios y de garantizar que las generaciones futuras encuentren un archipiélago más verde, más conectado y con más oportunidades”.

“Además, la capacidad de todas las administraciones para colaborar se refleja en este acto. Clavijo ha señalado que 'el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y los cabildos hemos demostrado que, cuando unimos esfuerzos, somos capaces de avanzar en proyectos que parecían imposibles'.”

El consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que este acuerdo “marca un antes y un después en la historia de la movilidad en Canarias, al consolidar la apuesta de todas las administraciones por un sistema de transporte sostenible y eficiente, a la vez que establecemos una hoja de ruta clara con el objetivo de garantizar la financiación futura del proyecto ferroviario”.

"Por primera vez, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mostrado un apoyo claro y decidido hacia estas infraestructuras ferroviarias. Rodríguez ha concluido que este protocolo representa una oportunidad para contar con una hoja de ruta firmada por todas las partes involucradas, así como un compromiso público y político del Ministerio, reafirmando que esta red es de interés común y estratégico para todas las administraciones."

La infraestructura del tren en Gran Canaria se plantea como una estrategia clave para enlazar Las Palmas de Gran Canaria, Telde, el aeropuerto y los principales destinos turísticos del sur de la isla, como Maspalomas y Playa del Inglés.

Durante su intervención, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, destacó que “éste es un logro colectivo, que parte del diálogo, el acuerdo y el consenso entre administraciones. Y un avance importante en la reivindicación, el compromiso y los logros de muchísimos gobiernos de distinto color político y de la sociedad en su conjunto”.

El trabajo de todas las administraciones ha sido agradecido por José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Él ha afirmado que “este protocolo es fruto del diálogo y el consenso con un objetivo común: dar la mejor solución posible a las necesidades de movilidad de Gran Canaria, lo que mejorará la vida de sus vecinas y vecinos”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que "el tren de Gran Canaria está más cerca que nunca". Este convenio representa una herramienta clave para involucrar al Estado en el avance del transporte guiado en la isla. Con recursos propios, el Cabildo ha destinado ya 16 millones de euros para comenzar con las expropiaciones. La firma de este acuerdo es un paso significativo; sin embargo, lo más crucial será que los próximos presupuestos del Gobierno de España incluyan los fondos necesarios para iniciar las obras. El tren proporcionará orden y capacidad, eliminará vehículos de la vía y marcará un hito importante en el desarrollo del transporte en Gran Canaria.

De acuerdo con el protocolo, la supervisión de los estudios y proyectos para asegurar su rentabilidad y cumplimiento con los criterios de la Comisión Europea será responsabilidad del Ministerio de Transportes, lo que permitirá un acceso más sencillo a los fondos europeos. Por su parte, el Cabildo se encargará de elaborar los proyectos técnicos y gestionar los permisos requeridos. Además, el Gobierno de Canarias brindará apoyo en la coordinación con otras infraestructuras, como las carreteras, así como en la integración de estos proyectos en el sistema de movilidad de la isla.

Desarrollo, financiación y seguimiento

Tras la confirmación de la viabilidad tanto socioeconómica como ambiental de las acciones, se habilita la firma de convenios plurianuales específicos para cada proyecto a través del protocolo. Estos convenios detallarán la duración y las contribuciones financieras de cada administración, además de contemplar la opción de acceder a financiación europea. Es importante señalar que el propio protocolo no conlleva un gasto directo; más bien, establece una guía para asegurar la financiación en el futuro.

La creación de una Comisión de Seguimiento está contemplada en el acuerdo, la cual estará compuesta por representantes del Ministerio, del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, siendo este último el que presidirá la comisión. Esta entidad tendrá la responsabilidad de supervisar las actuaciones, coordinar las acciones requeridas, elaborar propuestas de convenios, sugerir prórrogas y aclarar posibles dudas interpretativas. Asimismo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria participará en calidad de observador, con derecho a voz pero sin voto, y se permitirá la incorporación de otros municipios según las necesidades que surjan.

La vigencia inicial del protocolo será de dos años, con la posibilidad de prorrogarse por otros dos, hasta que se firmen los convenios específicos que lo reemplacen.