El deterioro institucional de España ha alcanzado esta pasada semana un hito más con el envío a juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un grave delito de revelación de secretos.
En un Auto de la Sala de lo Penal de 29 de julio de 2025, dos Magistrados del Tribunal Supremo, con el peculiar voto discrepante de un tercero, ponen camino del banquillo al principal representante del Ministerio Público, y colocan a la Fiscalía española en una posición inaudita, máxime cuando desde el poder político se aspira a encomendarle la instrucción de los procedimientos penales (incluyendo la dirección de las investigaciones de la UCO) sustituyendo a los jueces.
Del Auto del Tribunal Supremo llaman la atención el análisis pormenorizado de la iniciativa del fiscal general en la revelación pública de los secretos tributarios de Alberto González Amador, el posterior borrado por García Ortiz de las pruebas existentes en su teléfono y correos (actuando como un vulgar delincuente), y la probable intervención de Moncloa en toda esa ilícita actividad.
Cuatro conclusiones podemos extraer de este grave procesamiento. La primera, que el Gobierno de Sánchez utiliza las instituciones del Estado para atacar a rivales políticos, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, a través de quien es actualmente su pareja (no lo era cuando cometió la supuesta infracción), un simple ciudadano particular. Y, además, que cualquier ciudadano está expuesto a que un alto funcionario revele a la prensa sus datos privados si ello interesa al Gobierno.
La segunda, que altos cargos judiciales o fiscales (García Ortiz, Bolaños, Grande-Marlaska, Conde-Pumpido) colaboran activamente con estas prácticas por razones ideológicas o para medrar políticamente, con el deterioro que ello acarrea al prestigio y credibilidad de las instituciones que representan.
La tercera, que en el juicio a García Ortiz se dará la insólita situación de que un subordinado jerárquico suyo tendrá que asumir la acusación pública pudiendo recibir instrucciones del propio acusado, y además su futura promoción profesional dependerá del eventual éxito de su trabajo. Además, los gastos de la defensa del fiscal general serán a cargo de todos los españoles, al no haber aun dimitido de su cargo.
Y la cuarta, que a pesar de la condena del proceder del fiscal general y de la continuidad en su cargo realizada por la mayoría de las asociaciones españolas de fiscales (la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales es incluso parte acusadora en el procedimiento), resulta muy llamativo que la proactiva Unión Progresista de Fiscales no haya criticado la actuación y defienda el mantenimiento en su cargo del acusado. Parece que esta asociación profesional -la mayoritaria en la cúpula fiscal de Baleares, y que controla nuestra Fiscalía Anticorrupción insular- respalda con su apoyo esas actuaciones propias de autocracias caribeñas.
El artículo 145.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal dice que el fiscal general del Estado deberá apartar de su cargo a cualquier miembro del Ministerio Fiscal "cuando se dicte auto de apertura de juicio oral por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas". Pero nada dice sobre el propio fiscal general, pues su procesamiento siempre se consideró algo inimaginable. Es cierto que puede dimitir, pero Sánchez, que es quien presumiblemente organizó todo, y a quien el fiscal ha intentado proteger borrando las pruebas, no le deja.
Como explica el refranero español (recuerden la frase de Sánchez: “la Fiscalía, ¿de quién depende?”) en este desbaratado país el Gobierno ha puesto al zorro a guardar las gallinas. Poco nos pasa en el gallinero con esta fauna.
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