Estábamos un grupo de amigos en un encuentro que mantenemos periódicamente, por cierto, costumbre muy sana, dialogando sobre lo divino y humano, también nos introducimos en lo políticamente correcto o erróneo y salió, como no podía ser de otra manera, la terrible lacra de la burocracia dantesca y fallona que padecemos y como consecuencia de esta última palabra entramos a debatir sobre la sanidad pública, concebida ésta como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, que se encuentra en crisis permanente con una evidente y profunda falta de gestión, sobre todo, de diligencia.
Uno de los asistentes comentó que había presentado toda la documentación para solicitar un grado de incapacidad por recomendación de su médico de cabecera y que después de hacer todos los trámites pertinentes, le dijeron que el tiempo de espera para pasar el tribunal médico correspondiente era de unos cuatro años. Siguió contándonos que sufre también unos problemas cardiovasculares de cierta complejidad y tras la consulta con el especialista, le tienen que hacer un examen complejo que como mínimo será dentro de un año con suerte o mejor dicho si se produce un milagro. Esta situación particular en la demora de la atención ambulatoria, clínica u hospitalaria es lo que sufrimos la inmensa mayoría de los ciudadanos canarios.
El peor síntoma es el alargamiento crónico y vergonzoso de las listas de espera, en consultas médicas, pruebas diagnósticas y cirugías. Lo que debería ser un derecho efectivo, universal, gratuito y rápido a una atención médica de calidad, se convierte en una carrera de obstáculos que pone en riesgo la salud y la vida de miles de ciudadanos. Mientras aguardamos para que atiendan todo tipo de dolencias, las enfermedades se agravan, la calidad de vida se deteriora y en casos graves, puede ser mortal.
El problema no es nuevo, pero en los últimos años se ha agravado. La falta de inversión sostenida, la escasez de personal sanitario, el envejecimiento de la población y la sobrecarga asistencial han creado un cóctel explosivo.
Los ciudadanos vivimos una situación de indefensión, obligados a soportar dolores y angustias durante semanas, meses o años, renunciando a una vida normal por culpa de una operación que no llega o una prueba que no se les asigna. Algunos, desesperados, acuden al sistema privado, si pueden permitírselo. De este modo, se rompe el principio de equidad, quienes tienen recursos acceden a una sanidad más rápida, mientras que los más vulnerables quedan atrapados en el laberinto de la espera.
Este panorama urge una respuesta firme por parte de las Administraciones Públicas. No bastan los discursos vacíos ni las promesas de futuro. Se necesita un plan integral que combine más inversión, reformas estructurales y una gestión eficiente, reforzando la Atención Primaria, con la agilización de los procesos, así como contratando más profesionales para recuperar el prestigio del sistema sanitario.
La salud no puede depender de la paciencia de los enfermos ni de su capacidad económica. Es una cuestión de justicia social y de dignidad. El derecho a la salud no es solo tener una tarjeta sanitaria, sino que ésta garantice una atención rápida, eficaz y humana. Recuperar una sanidad fuerte, ágil y accesible es una urgencia que no puede seguir posponiéndose.
Las esperas cuasi eternas, son la tónica, es lo que aguardamos previa a cualquier cita, triste pero real. Los profesionales de la salud, también muy afectados y disgustados, quieren dar un buen servicio y no les dejan, ni cuentan con los medios materiales o humanos suficientes, una catástrofe y no exageramos, porque estamos discurriendo sobre la vida, lo más importante.
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