Este jueves se ha escrito una de las páginas más vergonzosas, humillantes e indignas de la historia política y constitucional de España. El Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Amnistía, la moneda de cambio con la que Pedro Sánchez (PSOE) compró los votos de Junts per Catalunya para su investidura como presidente del Gobierno. Hablamos del partido liderado por Carles Puigdemont, el prófugo que intentó dinamitar el orden constitucional en 2017 desde la presidencia de la Generalitat de Catalunya.
Esta Ley no responde a un interés general, ni al bien común, ni a la reconciliación: responde única y exclusivamente a la ambición de poder de un hombre, Pedro Sánchez, y a la degradación moral de su partido, el PSOE.
Sánchez y no pocos ministros de su Ejecutivo mintieron como bellacos. Mienten cuando dice que esta ley es una herramienta de concordia. Mienten cuando intentan disfrazarla de "normalización institucional". Y mienten, sobre todo, porque en campaña el secretario general del PSOE prometió lo contrario.
Esta Ley no responde a un interés general, ni al bien común, ni a la reconciliación: responde única y exclusivamente a la ambición de poder de un hombre, Pedro Sánchez, y a la degradación moral de su partido, el PSOE
Pedro Sánchez aseguró una y otra vez que no habría amnistía porque era inconstitucional. Que él no pasaría por ahí. Y aquí estamos: con una "autoamnistía", aprobada al dictado de un partido que protagonizó un golpe de Estado y validada por un Tribunal Constitucional, convertido lanarmente en sucursal del Ejecutivo sanchista.
Los magistrados que han respaldado esta aberración jurídica no han actuado como intérpretes de la Constitución, sino como comisarios políticos. Han arrodillado la justicia al poder. Han escrito una sentencia que consagra la impunidad de quienes, delinquiendo atentaron contra el Estado y que degrada la igualdad ante la ley. Si el mensaje del procés fue "España no nos representa", el mensaje de esta sentencia es aún peor: "La ley se adapta al chantaje si hay votos de por medio".
Amnistiar a delincuentes condenados por los tribunales no traerá concordia ni mejorará la convivencia; traerá más chantajes, más humillaciones y más fractura. Porque cuando la ley se convierte en una herramienta de supervivencia política, el Estado de Derecho deja de existir.
Y lo más grave es que es el propio Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, el que retuerce la Carta Magna con una interpretación espuria y torticera, muy alejada del espíritu de 1978, para rendir al país entero a los delincuentes que pisotearon la Constitución. Y sólo para que Pedro Sánchez gobierne sin ganar las elecciones.
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