Zurita pide a CC que se deje de aspavientos en Añaza y haga un Plan de Vivienda en condiciones

La diputada nacional y consejera insular Ana Zurita, recomendó ayer a los principales dirigentes de Coalición Canaria (CC) “que han improvisado sacando pecho por las familias de Añaza que ven en peligro sus viviendas, que se dejen de hacer aspavientos y saquen de una vez por todas un Plan de Vivienda en condiciones, que es donde se tienen que prever este tipo de situaciones”

Zurita, que ha presentado una moción en el Cabildo solicitando que sea la propia corporación la que gestione en la Isla el tan necesario plan, recordó que durante las últimas semanas “hemos asistido a toda una exhibición de improvisaciones y alardes de diferentes dirigentes políticos de Coalición Canaria (CC) en relación a la negociación con una entidad bancaria que, supuestamente, transfería un conjunto de viviendas del barrio santacrucero de Añaza a otra entidad financiera que, supuestamente de nuevo, iba a proceder al desahucio de varias de las familias que vivían en esos inmuebles”

“Entre los muchos aspavientos que hemos tenido que sufrir por parte de tres de los máximos dirigentes de CC, el presidente del Gobierno, el presidente del Cabildo y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife”, añadió Zurita, “figura el anuncio de la retirada de fondos del citado y muy conocido banco”, además de la existencia de “negociaciones varias que culminarían, supuestamente otra vez, con una promesa de compra de tales viviendas por parte del Gobierno de Canarias y el compromiso de que no habrá desalojos bajo ningún concepto”

La diputada denunció que la forma en que ha afrontado CC el problema de las familias de Añaza ha provocado una creciente inseguridad entre los propios afectados, y más allá de ello, ha trasladado a la opinión pública en general una gran desconfianza sobre la forma de proceder de las tres administraciones canarias citadas, Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento, ante una situación muy grave que necesariamente tendrían que tener prevista.

Según Zurita, independientemente de la compleja y diversa casuística que rodea esta desgraciada situación, (familias en régimen de alquiler, familias sin título habilitante, alquileres con opción a compra…), todo ello ocurre bajo el paraguas de ser una construcción acogida al régimen de viviendas de protección oficial, que de acuerdo a la ley canaria de Vivienda, deben cumplir una serie de requisitos para su enajenación.

“Sea como sea, esta situación mantiene en vilo a 300 familias santacruceras, pero lo realmente incomprensible es cómo las administraciones competentes improvisan soluciones con gestos grandilocuentes dirigidos a quedar bien de cara a la galería en lugar de poner en práctica los programas que el Gobierno de España pone a su disposición, o bien, simplemente siguiendo las pautas legales que les da la legislación canaria para anticiparse a este tipo de problemas si lo que realmente se quiere es estar al lado de los vecinos y solucionar su caso con eficacia”, dijo la diputada.

Ana Zurita explicó que el Plan Estatal de Vivienda 2018- 2021, elaborado por el Partido Popular (PP), tenía una medida muy importante basada en convenios y acuerdos con grandes tenedores de vivienda para gestionar una gran bolsa destinada a alquiler social de personas objeto de desahucio por crédito hipotecario o por alquiler, medida que se articula mediante colaboración público-privada con la constitución por las entidades de crédito como propietarias de viviendas disponibles de fondos de viviendas para alquiler social.

En desarrollo de este Convenio marco, las entidades de crédito podían suscribir acuerdos con las Comunidades Autónomas, en los que se concretarían las condiciones específicas de colaboración y las rentas de alquiler para las viviendas suscritas a este convenio no podrían superar los 400 euros, de los cuales el 80% los paga el Estado y el resto la Comunidad Autónoma correspondiente.

“El caso es que el Gobierno de Canarias firmó un convenio en julio con el Ministerio de Fomento, pero no se ha acogido a ninguno de estos programas pese a que en Canarias el convenio estaba dotado con casi 100 millones de euros”, dijo Zurita, para quien “la conclusión es que el Gobierno, por mucho que sobreactúe ahora su presidente, no ha demostrado ninguna intención de solucionar el problema a los más desfavorecidos”

Según indicó la diputada, tanto el Fondo Social de Vivienda del 2013, como el programa referido del nuevo plan 2018-2021, son directrices generales, “ya que son las Comunidades Autónomas las que realmente tienen competencias de Vivienda y quienes deben velar por desarrollar una política efectiva, en lugar de captar y captar fondos y no desarrollar los programas con eficacia, que es lo que se ha venido haciendo el Gobierno de Canarias”.

Pero según Zurita, “lo que más denota la falta de interés por solucionar los problemas de Vivienda en Canarias es la ausencia desde hace 10 años de un Plan de Vivienda que realmente afronte los problemas y constituya un marco eficaz para el desarrollo de

un mercado de alquiler a precios asequibles, además de resolver el acceso a la vivienda para las familias en condiciones de vulnerabilidad”. En estos momentos, y desde el año 2009, Canarias funciona únicamente con los planes estatales de Vivienda, que no reflejan, como es lógico, las particularidades y necesidades específicas de nuestras islas en la materia.

Ante esta situación, Ana Zurita concluyó que lo que deben hacer los dirigentes de CC en todos los ámbitos de la administración es “abandonar sus actitudes quijotescas, afectadas y grandilocuentes y ponerse a trabajar para que Canarias tenga por fin un plan de vivienda del siglo XXI”