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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas, en el contexto de la investigación del ‘caso Leire’. Esta decisión surge tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que detectó indicios de delito.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha asegurado este martes en el Senado que «nunca, jamás» ha interferido en ninguna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), ni tampoco presionado a ningún agente, ni ha participado en ninguna trama para anular causas judiciales influenciada por sus encuentros con la exmilitante del PSOE Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en el ‘caso Leire’, y ha citado como testigo en esta causa a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el próximo 10 de julio.

Los audios intervenidos por la UCO no dejan de deparar sorpresas en el caso Leire. En las últimas grabaciones incorporadas al sumario, la exmilitante socialista asegura que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estaba al corriente de sus gestiones, y que fue el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, quien se lo había contado. Mientras tanto, la investigación se expande: la Guardia Civil ha registrado este jueves la sede de Tubos Reunidos en Bilbao en busca de documentación relacionada con un polémico préstamo de la SEPI durante la pandemia.

La UCO sostiene que el grupo investigado habría actuado para proteger los intereses de dirigentes socialistas mediante ofrecimientos económicos, presiones y contactos con testigos, policías y otros actores vinculados a procedimientos judiciales.

La intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE, situada en la madrileña calle Ferraz, ha colocado al partido de Pedro Sánchez ante una de las mayores crisis judiciales de su historia reciente.

El juez Santiago Pedraz ha acordado investigar al exsecretario de Organización del PSOE, a la gerente del partido y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía. La decisión coincide con la presencia de agentes de la Guardia Civil en la sede socialista. Pedraz también ha ordenado a la UCO acudir a la Dirección General de la Guardia Civil por una posible filtración en la causa.

Agentes de la Guardia Civil intervienen en el cuartel general socialista y en inmuebles de altos cargos. La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional impulsan el dispositivo.

La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha señalado la existencia de posibles irregularidades en algunos contratos vinculados a la cátedra codirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (Universidad Complutense de Madrid).

La cuarta semana del juicio al exministro José Luis Ábalos ha sido la más intensa y también la más maratoriana. Con prolongadas sesiones -de hasta 14 horas una de ellas- el duelo de dos de los acusados -el comisionista Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García- en el ring del Tribunal Supremo ha abierto aún más expectativas al plato fuerte del próximo lunes.

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre la existencia de “nuevos” indicios relacionados con el rescate de Air Europa, con el fin de valorarlos en la causa que dirige contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras recibir una nueva denuncia de un particular.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha quedado en libertad provisional después de cinco meses en prisión preventiva por el Caso Koldo. Su salida de la cárcel coincide con la revelación de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que lo relaciona directamente con una presunta red de comisiones ilegales del 2% vinculadas a adjudicaciones de obra pública.

Las y los socialistas canarios consideran que el informe de la UCO y el pronunciamiento del Tribunal Supremo despeja definitivamente toda duda respecto al buen hacer del expresidente de Canarias en la compra de material sanitario durante la pandemia .

La UCO informa que Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, solicitó «pagos pendientes» a la empresa Soluciones de Gestión por la compra de mascarillas. Se trata de la empresa vinculada una presunta trama de corrupción favorecida por Ábalos y Koldo, investigada por presuntas irregularidades en contrataciones durante la pandemia. Se trata de la misma empresa a la que el Govern de Francina Armengol abonó 3,7 millones en abril de 2020 en un contrato de emergencia para comprar mascarillas.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha identificado indicios sólidos de una posible caja B en el PSOE, vinculada a pagos en metálico no registrados oficialmente al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García Izaguirre.