La CREM (Femete y Femepa) denuncia que las islas colapsarán por la falta de instalaciones propias para ese tipo de residuos y demanda soluciones urgentes al Gobierno de Canarias.
La organización desmantelada contaba con varios negocios que realizaban facturas a nombre de terceros para aparentar que la mercancía vendida estaba descontaminada.
