06/10/2022@21:58:45
La reclamación por daños y perjuicios contra las Administraciones públicas presentada por un abogado en nombre de afectados por la erupción en La Palma parte del hecho de que los organismos públicos incumplieron su deber legal de advertir con suficiente antelación y claridad del creciente riesgo de un fenómeno catastrófico, lo que impidió que las personas damnificadas pudieran tomar decisiones preventivas, incluida la suscripción de un seguro o el mejoramiento del que tuviera ya contratado e incluso decidir si construían o no en esa zona