CIALP

Este colectivo y el ingeniero Carlos Soler piden al CIALP que se reperfore en la misma traza y dirección actual, y, mientras duren las obras, su agua se destine a la agricultura, permutando con los Heredamientos para el abasto urbano.

'Agua para La Palma' afirma que la falta de agua “nunca ha sido el problema” sino su gestión, por lo que critica que el gobierno insular presuma de unos embalses al 55% y de decenas de millones previstos para balsas y desaladoras, mientras sigue sin priorizar los tranques en las galerías, el Túnel de Trasvase y evitar las pérdidas en las redes.

La asociación critica que el estudio no haya contado con los datos de la parte privada, que por Ley debía aportarlos. Además, este colectivo ciudadano se queja de que miembros del IGME les prohibieron grabar la charla en la que se presentó este informe

Tacha de “manipuladoras” las declaraciones de Sergio Rodríguez, quien ha afirmado que hace lo que pide la asociación. El ingeniero Carlos Soler insiste en que la isla debe aprovechar y gestionar su acuífero con el Túnel de Trasvase y los tranques en las galerías, y descartar las desaladoras.

Agua para La Palma denuncia un gasto público de 4,4 millones en comprar y reactivar dos pozos privados sin garantías sobre la calidad y cantidad de su agua

El Tribunal Superior confirma que en el expediente de la ordenanza faltaron informes claves como el de Intervención y no se justifica por qué la tasa solo cubre el 48% del coste real del transporte y elevación del agua. Además, el colectivo denunciante asegura que esta medida solo beneficia a El Paso, al que se le podría dar agua pública más barata desde la boca oeste del Túnel de Trasvase en Hermosilla, en vez de bombearla de pozos privados desde la vertiente este.

La portavoz de Drago Canarias en La Palma, Sara Hernández, teme que “el CIALP esté siendo especialmente benevolente con determinados concesionarios”.

“Se excusan en que tan solo pueden actuar sobre el 10 % que constituye actualmente el agua pública, pero la realidad es que la legislación también les permite controlar, vigilar y sancionar a quienes gestionan el 90 % restante”, explica Hernández.