Suspensión de la actividad lectiva y no lectiva

Ante el anuncio de la suspensión de la actividad lectiva y no lectiva en la educación no universitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, la Federación de Ampas de Gran Canaria, Fapa Galdós, emite el siguiente

COMUNICADO

Entendemos que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias considere que, en estas circunstancias, al igual que cuando llueve o sopla mucho viento, los centros escolares de las Islas no son seguros para la comunidad educativa. Lo entendemos porque lo sufrimos.

Cada vez que el Gobierno de Canarias suspende las jornadas lectivas por cuestiones climáticas está reconociendo que los colegios y los institutos no son entornos seguros para la comunidad educativa

Lo que no entendemos es que la administración educativa considere que los niños y las niñas de 2 a 16 años estén seguros estando solos en casa, con independencia de la situación climática.

Encomendar la seguridad de los niños y las niñas a los abuelos, personas mayores, también especialmente sensibles a estas temperaturas, no parece tampoco que sea la solución, sino un aumento del riesgo.

Lo que hace la administración no es resolver el problema, es sólo quitárselo de encima cargándolo en las espaldas de las familias, especialmente la de las madres que son quienes en mayor proporción cargan con los cuidados familiares.

Por otro lado, la Consejería ha aclarado que se suspende la actividad lectiva y no lectiva, con lo que el personal de administración y servicios y los equipos docentes son liberados también de acudir a sus puestos de trabajo donde siempre hay mucho por hacer, más allá de dar clases. Los únicos padres y madres que van a tener la tranquilidad de que sus hijos están seguros son los propios docentes y aquellas unidades familiares en las que uno de los progenitores no trabaje o no tenga otras responsabilidades familiares

Mientras los entornos escolares no sean seguros frente a distintas situaciones climáticas, exigimos que cada vez que se suspenda la actividad lectiva, las patronales y la propia administración libere a uno de los progenitores, o al único en caso de familias monoparentales, para que puedan garantizar la seguridad de sus hijos e hijas.

Insistimos, además, en la necesidad de que todas las administraciones competentes elaboren de urgencia un Informe sobre la situación de las infraestructuras educativas, planifique la resolución de problemas y adecúe los centros para que sean entornos seguros en cualquier circunstancia.

Queremos también volver a poner de manifiesto el ejercicio de irresponsabilidad institucional que ha supuesto la desidia histórica de las administraciones en materia de infraestructuras educativas que deriva en el reconocimiento de que los centros escolares no son entornos seguros.

Las deficiencias de los centros están recogidas en las memorias anuales de todos los centros, en los informes de la Realidad Educativa, en los informes sobre la Financiación de la Escuela Pública, informes sobre el desempeño de la Consejeria 2019-2023, promovido por la anterior consejera, Manuela Armas. Instamos al resto de colectivos que conforman la comunidad educativa a encontrar vías de colaboración y coordinación, usando las funciones y
competencias que les confiere su representación institucional, para reivindicar juntos el derecho a disfrutar de unas instalaciones dignas y seguras en el ámbito educativo.