Rallye de tierra Isla de los Volcanes

El artículo 45 de la Constitución dispone que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, lo que implica que nadie está libre de contribuir a este fin.

Este mandato constitucional ha sido desarrollado mediante diferentes normas locales, autonómicas, estatales y europeas dirigidas a prevenir la aprobación y realización reiterada de actividades que dañen el entorno natural. Nuestro ordenamiento jurídico ha creado un sistema de responsabilidad que prevea eficazmente los daños medioambientales y que, para los casos en los que estos lleguen a producirse, se asegure una rápida y adecuada reparación del medio dañado y la sanción a las personas, entidades o instituciones que sean autores o partícipes de dichas acciones lesivas al medio ambiente y a la biodiversidad.

Lanzarote fue declarada, con todos sus núcleos poblacionales, Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el 7 de octubre de 1993. Las políticas públicas dirigidas a la preservación de la biodiversidad, de las especies endémicas, la singularidad de sus ecosistemas, la belleza de sus paisajes y la riqueza del patrimonio arqueológico de la isla es una obligación pública irrenunciable para la Primera Corporación Insular y para los Ayuntamientos de la isla.

Las políticas económicas de la isla no compiten con su preservación, al contrario, sólo una acción pública responsable con el medio, armónica con la preservación de los paisajes naturales, educada, sensibilizada y consciente de la importancia de priorizar el medio natural en el que nuestra vida transcurrre, puede garantizar que la industria turística sea una fuente de riqueza sostenible con ambición de permanencia.

Las instituciones públicas están obligadas a velar por el cumplimiento de la legalidad y a adoptar las decisiones necesarias para garantizar que la preservación de los valores naturales de la isla, nuestro verdadero motor económico, sea el objetivo prioritario de la política insular, por encima de intereses económicos cortoplacistas y contrarios al objetivo vital de proteger la isla, la biodiversidad y su riqueza ambiental.

El compromiso de adoptar políticas cuya prioridad sea la preservación y protección del medio natural se plasmó en el Acuerdo de Gobierno de 30 de agosto de 2019, en el que se aprueba la declaración de la Emergencia Climática en Canarias. Dicha declaración, ratificada en el Parlamento de Canarias, tiene como finalidad comprometer las políticas del Gobierno de Canarias y de todas las Administraciones Públicas, para que contribuyan a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático.

Entre los objetivos y metas de desarrollo sostenible a los que se han obligado el

Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y los siete Ayuntamientos de la isla está el de adoptar decisiones políticas que eviten el uso de combustibles fósiles y las emisiones de CO2, y fomentar la movilidad sostenible mediante el uso de medios de transporte no contaminantes.

El Cabildo Insular declaró el Estado de emergencia climática y ecológica en Lanzarote y La Graciosa el 1 de agosto de 2019, adelantándose a la declaración del Gobierno de Canarias, en un acto plenario cuyo objetivo principal era posicionar la crisis climática en el centro del debate político y social para plantear una serie de objetivos y acciones que permitan mitigar los efectos del calentamiento global.

La preservación de la vida por encima del interés mercantilista, ese interés cortoplacista y egoísta que manipula el mensaje y engaña con un único afán especulador y extractivo, es la Utopía de Lanzarote. Esta es la historia contemporánea de la isla, es el relato de la cultura de la preservación del territorio. Este es el mensaje de César Manrique. Este es el deber de nuestros cargos públicos. Exigir respeto y velar por su cumplimiento debería ser el objetivo de la ciudadanía.

Vistos los informes científicos y técnicos que alertan sobre el peligro de autorizar el XX Rallye de tierra Isla de los Volcanes-Lanzarote y los perjuicios que dicha prueba puede tener sobre la preservación de la biodiversidad, vistos los compromisos adquiridos de actuar tomando decisiones que contribuyan a disminuir la emisión de CO2, promocionar la movilidad sostenible y evitar el consumo de combustibles fósiles, el grupo de gobierno insular no puede tomar otra decisión que no sea la de hacer prevalecer la salvaguarda del interés general frente a los intereses deportivos, de lucro o turísticos. La economía de la isla depende de la preservación del paisaje, la preservación de la vida, de la calidad del medio ambiente y de la conservación de la biodiversidad. Maltratar nuestra riqueza natural no nos enriquece, nos empobrece, y nadie puede pretender que las peculiaridades de una determinada actividad le eximen de contribuir a la conservación del medio natural que constituye el soporte de la economía insular.

Las Administraciones Públicas tienen el deber de proteger la biodiversidad sea cual sea el lugar donde estén presentes las especies vegetales y animales, que no conocen de límites administrativos. Por tanto, no basta con proteger la naturaleza dentro de los espacios naturales protegidos, ni se puede actuar libremente y sin límites ni condiciones fuera de ellos, sino que hay que proteger a las especies y sus hábitats estén donde estén y atendiendo a sus exigencias ecológicas.

En este contexto Transparencia Urbanística exige al grupo del PSOE en el Gobierno del Cabildo Insular, que no se ha pronunciado públicamente sobre la autorización del XX Rallye de tierra Isla de los Volcanes-Lanzarote, que sea coherente con sus discursos, pronunciamientos y compromisos políticos demostrando a la ciudadanía que las palabras son acordes con la acción política. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos.

Nuestro compromiso con la cultura de preservación del territorio y con el bienestar de la sociedad, en términos de calidad de vida está intacto. Ejerceremos cuantas acciones

judiciales sean precisas para seguir siendo coherentes con los principios y objetivos que inspiraron la constitución de la asociación Transparencia Urbanística. Queremos ser respetuosos con el legado recibido y trasmitirlo a las próximas generaciones en condiciones que permitan la continuidad de la vida.

Los hechos nos obligan a trasmitir a nuestros representantes públicos que saltarse los procedimientos administrativos con subterfugios groseros y burdos no es una práctica aceptable. No se subsana lo que no se corrige, y no se corrige lo que sigue igual, con el pretexto de que “siempre se ha hecho así”. La manipulación del lenguaje y la trasmisión equívoca de comunicados sin alterar el fondo del asunto no engañan a nadie. Utilizar los mismos tramos como enlace y no cronometrado no resuelve nada. Sólo la eliminación absoluta de todos los tramos de la prueba deportiva que afectan a la biodiversidad puede dar respuesta a las demandas científicas y técnicas expresadas con suma contundencia en los diferentes informes públicos.

Finalmente, debemos señalar expresamente que el respeto a la labor de los funcionarios públicos no conoce de color político. Lesionar su independencia y vulnerar su objetividad, profesionalidad e inamovilidad es igual de lesivo para el buen funcionamiento de la administración pública, ejerza quien ejerza dicha presión. Lo hemos dicho en el pasado y lo seguiremos haciendo, gobierne quien gobierne, y actuaremos de manera resuelta y con toda contundencia cuando se produzcan presiones indebidas sobre los técnicos para intentar forzar o torcer el sentido de sus informes.

Transparencia Urbanística está comprometida con la protección de la función pública en términos de objetividad, profesionalidad, capacidad e inamovilidad. Esperamos de la primera corporación insular que no autorice la mencionada prueba deportiva mientras no se garantice, mediante Estudio de Impacto Ambiental, que no se afecta a los valores naturales ni a la biodiversidad de la isla y exigimos que se adopten decisiones políticas ejemplares, que sean dignas con la cultura del territorio de la isla y que no ofendan a la inteligencia ciudadana.