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“Con la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias estamos hablando de presente y de futuro”

“Con la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias estamos hablando de presente y de futuro”

miércoles 20 de marzo de 2019, 01:00h
El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Juan Manuel García Ramos, ha celebrado en la tarde de hoy la aprobación por la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias “que maneja un concepto más amplio que lo conecta con otras áreas como el Turismo y el Medio Ambiente”
De esta manera, el Patrimonio deja de ser algo del pasado “para convertirse en un elemento de presente y de futuro que intenta recuperar y mantener todos los elementos que configuran nuestro acervo cultural, aquellos que recibimos hace 600 años como los que eran propios de nuestra cultura aborigen, de más de 2.500 años de antigüedad, que hasta el siglo XIX no se empezó a implementar poner “una cierta sistematización”.

El nuevo marco legal modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, del año 1999, actualiza el régimen jurídico y simplifica los instrumentos de protección. La iniciativa legislativa introduce una serie de preceptos a la ley vigente, entre ellos su cambio de denominación, pasando a denominarse Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.

El Patrimonio Cultural debe ser para todos los grupos un compromiso irrenunciable, por encima de ideologías e intereses partidistas”, manifestó el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, una vez que la cámara aprobó el texto. En esta dirección, la nueva norma ha sido posible gracias a un proceso colaborativo y participativo “porque este Gobierno ha entendido que gestiona un bien común, que pertenece a la memoria de los canarios”.

Novedades que incluye la reforma de la Ley

Entre las novedades que incluye la reforma de la Ley destaca la ampliación del concepto de Patrimonio Histórico, adoptando la denominación más genérica de Patrimonio Cultural, en concordancia con la generalidad de la normativa comparada de rango autonómico y convenios internacionales. Asimismo, se amplía el concepto, indicando que el Gobierno de Canarias velará por la investigación, difusión, proyección exterior y, en su caso, retorno a Canarias de los bienes del Patrimonio Cultural que se encuentren fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Como principales aportaciones del nuevo marco legislativo se encuentra el Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias “GARA”, que será la auténtica memoria del patrimonio cultural canario y una herramienta que permitirá el acceso a todos los ciudadanos al legado que les pertenece. Al tiempo, es un instrumento de control para la salvaguardia del patrimonio cultural, además de servir de base para formular planes concretos, al procesar, codificar y almacenar los elementos registrados con una información actualizada, aportando la máxima accesibilidad y utilidad.

En lo que se refiere a las competencias de las Administraciones Públicas, se ha procurado mejorar la sistemática, concentrando competencias que la Ley actual atribuye de manera dispersa a lo largo de su articulado. Se introduce el principio de cualificación técnica como vertebrador de la composición de las Comisiones Insulares, y los Consejos Municipales, en los que el Gobierno deberá estar representado, así como las universidades, colegios de arquitectos y FECAM, entre otros, de acuerdo con el principio de paridad.

También se crean los Catálogos Insulares de Bienes Culturales, como nuevos instrumentos de protección, y se añaden nuevos preceptos para regular el patrimonio industrial, inmaterial y el bibliográfico, que no venían contemplados en la Ley de 1999. El sistema instrumental se basa tres pilares: el Registro de Bienes de Interés Cultural, los Catálogos Insulares de Bienes Culturales y el Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural. Además, se incluyen las nuevas categorías de Paisaje Cultural y Sitio Industrial, se suprime la denuncia de mora como trámite imprescindible para declarar la caducidad de los expedientes BIC, que se produce por el transcurso del plazo de 24 meses; y se atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia para incoar los expedientes de Bien de Interés Cultural de Patrimonio Inmaterial.

La nueva Ley contempla la Inspección Periódica de edificaciones, para los bienes inmuebles incluidos en algún instrumento de protección; el Patrimonio Subacuático, recayendo en la CAC las medidas para su protección; así como capítulos específicos dedicados a el Patrimonio Industrial, el Patrimonio Documental y Bibliográfico, y el Patrimonio Inmaterial.

En materia de Museos, se introduce una concepción más actual de estos como instituciones abiertas, accesibles, inclusivas, interculturales y sostenibles, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, agentes de transformación social y generadores de conocimiento. La gestión del Sistema de Museos se hace recaer sobre la CAC, con la creación del Registro de Museos, adscrito a la misma Administración, y donde se relacionan las instituciones autorizadas. Se detalla el contenido del Proyecto para la creación de museos, exigiendo la presentación de plan director, proyecto arquitectónico, plan museológico, plan de gestión, inventario de fondos, régimen de visitas y estatutos, entre otros.

Finalmente, se regulan nuevas medidas de fomento, como el acceso preferente al crédito oficial o subsidiado a los titulares de bienes BIC o incluidos en Catálogo Insular; se mejora la regulación del 1% Cultural; se integra como tal medida la difusión, enseñanza e investigación del patrimonio cultural y se crea la distinción de “Protector del Patrimonio Cultural de Canarias”.

En cuanto al Régimen Sancionador, se mejora la descripción de las infracciones, vinculándolas a la gravedad de los perjuicios que produzcan (leves, graves o muy graves), se eleva la cuantía de las multas por infracciones leves, de 600 euros a 3000 euros, y su recaudación se destina a la conservación del Patrimonio Cultural de Canarias.

En definitiva, la nueva Ley supone una simplificación normativa respeto de la situación actual, recogiendo los avances dispuestos en las políticas de gestión patrimonial durante las dos últimas décadas. Define nuevas tipologías patrimoniales, establece una mayor implicación y coordinación con los ayuntamientos y cabildos insulares, al tiempo que armoniza la protección y control de los bienes con la agilización en la gestión administrativa, ofreciendo las máximas garantías para los propietarios y titulares del patrimonio.
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