CINE
| investigación | otras doce han declarado como testigos
Dos imputados más en la segunda fase de la 'Operación Ossifar'
jueves 27 de octubre de 2011, 18:39h
Dos personas más han sido imputadas este jueves, al tiempo que se ha tomado declaración a doce personas en calidad de testigos en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar, que este miércoles se saldó con la detención de la que fuese jefa de un departamento presuntamente 'fantasma' de Emaya, que responde a las iniciales L.J.Z. y cuyos empleados se dedicaban a la labores de partido y a la captación de votos para Unió Mallorquina (UM), a pesar de estar a sueldo de la empresa municipal.
Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que no han descartado que en las próximas horas se puedan producir nuevos arrestos, en virtud de los resultados de los interrogatorios por parte de la Benemérita y los fiscales anticorrupción.
Concretamente, fuentes de la investigación han explicado que el departamento investigado era conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía. Según las pesquisas, nunca fue creado de forma oficial como tampoco disponía de presupuesto alguno, y en él trabajaban cinco empleados que en realidad eran agentes electorales de UM. Todos ellos prestaron declaración en calidad de testigos excepto su jefa, L.J.Z., quien tras ser detenida e interrogada quedó anoche en libertad con cargos.
En concreto, sobre la arrestada pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Mientras tanto, también fue interrogada como imputada la consejera ejecutiva de la constructora Melchor Mascaró, Antonia Mascaró, quien fue inquirida por los investigadores en torno a contrataciones que obtuvo su empresa de forma presuntamente amañada.
Unos hechos que habrían sucedido durante la etapa en la que Cristina Cerdó, cuya imputación no se descarta, presidía Emaya mientras por debajo se encontraba la exgerente Malen Tortella. Se da la circunstancia de que Cerdó ya se encuentra encausada en los casos Maquillaje y Picnic, que indaga de forma paralela un presunto desvío de 1,2 millones de euros públicos a la captación de nuevos afiliados y futuros votantes de UM.