Hace apenas dos días se han producido dos bombardeos con misiles a dos centros hospitalarios en el norte de Siria, uno a un centro gestionado por una ONG local Siria en Azaz, en la provincia de Alepo, cerca de la frontera con Turquía y otro a una clínica de Médicos Sin Fronteras en la provincia de Idlib, también en el norte sirio. Ambos ataques han provocado muertos, heridos y desaparecidos y han destruido en gran parte las instalaciones, comprometiendo la ya de por sí endeble infraestructura de esas zonas y dejando sin asistencia sanitaria a la población, muy castigada por la guerra. Fuentes turcas y de la insurgencia siria atribuyen el ataque al ejército ruso o a las fuerzas gubernamentales de El Assad.
No es, en absoluto, un hecho aislado. Hace unas semanas hubo otro ataque contra un hospital de Tafas, en el sur de Siria, en la provincia de Dara y MSF ha denunciado no menos de 13 ataques a centros sanitarios en lo que va de año.
En octubre del año pasado un bombardeo de un hospital de MSF en Kunduz, Afganistán, por parte del ejército de EE.UU. causó decenas de muertos y heridos y la destrucción de la instalación sanitaria. También se han producido en lo que va de año varios ataques a centros sanitarios gestionados por MSF u otras organizaciones en Yemen y, aunque no se sabe con certeza el origen de los mismos, todo apunta a la coalición liderada por Arabia Saudí, puesto que los centros están ubicados en el norte de Yemen, en la zona controlada por las milicias rebeldes hutís. Y en la guerra civil de Sudán del Sur de 2014 se atacó a los hospitales y centros sanitarios como objetivos de guerra.
MSF y otras ONG comunican a todas las partes contendientes las coordenadas exactas de sus centros, por lo que no se puede alegar desconocimiento y, teniendo en cuenta el nivel de sofisticación tecnológica del armamento que utilizan las potencias en los conflictos, se hace muy difícil aceptar que se trate de hechos fortuitos, de errores puntuales. Ello puede suceder una vez, pero cuando se repite de forma sistemática en muchos conflictos distintos, en distintas ubicaciones geográficas y cuando están involucrados todos los ejércitos y milicias implicados, no cabe duda de que estamos ante un patrón que nos lleva a la conclusión de que se trata de ataques deliberados y, por lo tanto, los hospitales y centros sanitarios se han convertido en objetivos de guerra.
Los convenios internacionales sobre la guerra prohíben específicamente el ataque a hospitales y centros clínicos, incluso a los de campaña y a los convoyes sanitarios. Bombardearlos es un acto, no solo ilegal y, por tanto, constituye un crimen de guerra, sino además especialmente repugnante. Se trata de un nuevo peldaño en la escalada de conversión de la población civil en víctimas preferentes de la acción bélica, que se ha venido produciendo desde la Segunda Guerra Mundial. Se bombardea indiscriminadamente las ciudades, se somete a la población a asedios y bloqueos de hambre, se provoca el éxodo de millones de personas en condiciones infrahumanas, se utiliza el rapto y la violación de mujeres, niñas y niños como arma de guerra y desmoralización del adversario y ahora, en un nuevo paso en la progresión rampante de la infamia y la degradación moral, se ataca y destruye la infraestructura sanitaria, ya muy mermada por los propios conflictos, para despojar a los civiles de uno de sus últimos asideros a la esperanza.
Lamentablemente, parece que debemos ir interiorizando la idea de que en las guerras que nos toque vivir en el futuro inmediato los civiles seremos, no un objetivo, sino el objetivo preferente de la acción bélica y que seremos sometidos a todo tipo de vejaciones, humillaciones, injurias, maltratos, torturas, escarnios y ultrajes, que es exactamente lo que les está pasando a las poblaciones de esos países donde ahora mismo nuestros gobiernos están librando unas guerras que, en el fondo, están provocadas por ellos mismos y sus sátrapas locales interpuestos, en función de intereses que no son los nuestros ni los de los sirios, kurdos, iraquíes, afganos, yemeníes, ni cualquier otra población involucrada.
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