Drago La Palma trasladó al Congreso de los Diputados la situación de falta de personal y sobrecarga de trabajo que viene sufriendo desde hace años la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Santa Cruz de La Palma, una problemática que está afectando tanto a las condiciones laborales de su plantilla como al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones adecuadas a prestaciones esenciales.
Las preguntas, registradas el pasado 25 de junio por el diputado de Més per Mallorca Vicenç Vidal, solicitan explicaciones al Gobierno sobre la situación de la oficina del INSS de Santa Cruz de La Palma y las medidas que piensa adoptar para corregir una problemática que ha derivado en una reciente sentencia condenatoria contra el organismo.
El texto literal de las preguntas es el siguiente. En primer lugar, “¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias?”.
En segundo lugar, “¿Qué medidas ha adoptado la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones para depurar responsabilidades por la situación que atraviesa la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Santa Cruz de La Palma?”.
En tercer lugar, “¿Considera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la falta de personal en la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Santa Cruz de La Palma pone en riesgo el derecho a una prestación de servicios adecuada para la ciudadanía palmera?”.
Y en cuarto lugar, “¿Ha trasladado el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Santa Cruz de La Palma alguna información al respecto a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Migraciones? En caso afirmativo, ¿cuál? En caso negativo ¿piensa la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Migraciones realizar un requerimiento expreso al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)?”.
Un problema que afecta al acceso a derechos básicos
Desde Drago La Palma se recuerda que la oficina de Santa Cruz de La Palma debería contar con ocho personas según la Relación de Puestos de Trabajo, pero actualmente dispone únicamente de cuatro efectivos, una situación que se viene prolongando desde hace años y que ha coincidido con procesos de digitalización y reorganización administrativa que han dificultado aún más la atención presencial a la ciudadanía.
Esta situación ha tenido consecuencias especialmente graves para numerosas personas usuarias, que en ocasiones se han encontrado con dificultades para conseguir cita o para acceder presencialmente a servicios que resultan fundamentales para su bienestar y seguridad económica.
“Cuando una persona necesita tramitar una pensión, una incapacidad o el Ingreso Mínimo Vital no está realizando un trámite cualquiera, está intentando acceder a derechos básicos”, explica la portavoz de Drago La Palma, Sara Hernández, y añadió que “no resulta aceptable que la falta de personal termine convirtiéndose en una barrera para la ciudadanía de la isla”.
Además, el problema adquiere una dimensión aún mayor en una isla no capitalina como La Palma, donde la ciudadanía no dispone de oficinas alternativas a las que acudir cuando el servicio se encuentra saturado. En este sentido, consideran incomprensible que, cuando no existen citas disponibles en la oficina palmera, el propio sistema llegue a ofrecer oficinas situadas en otras islas como alternativa para realizar determinados trámites.
Una sentencia que obliga a dar explicaciones
La presentación de estas preguntas se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias reconociera que el Instituto Nacional de la Seguridad Social incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, apreciando una situación de sobrecarga de trabajo, insuficiencia de personal y ausencia de medidas preventivas eficaces. La resolución judicial condenó al organismo a adoptar medidas correctoras e indemnizar a una funcionaria afectada.
“Lo preocupante es que no estamos hablando de un problema nuevo, sino que las carencias de esta oficina llevan años denunciándose”, prosiguió Hernández, y recordó que “existe una sentencia judicial que reconoce una situación de sobrecarga y falta de medidas preventivas, y aun así la plantilla sigue siendo la mitad de la prevista, por lo que creemos que el Ministerio debe explicar qué piensa hacer para corregir esta situación”.
La combinación de una plantilla reducida a la mitad de lo previsto, las dificultades de acceso denunciadas por la ciudadanía y el reciente pronunciamiento judicial hacen imprescindible que el Ministerio actúe para garantizar tanto una atención adecuada como unas condiciones laborales dignas para el personal.
“La ciudadanía de La Palma no puede recibir servicios públicos de segunda por vivir en una isla no capitalina, el Estado tiene la obligación de garantizar los mismos derechos y la misma calidad de atención independientemente del territorio en el que se resida”, señaló la portavoz de Drago La Palma.
Por su parte, desde Drago Canarias y Drago La Palma se agradece la colaboración de Vicenç Vidal y de Més per Mallorca para trasladar esta problemática al Congreso de los Diputados, se espera que el Gobierno responda con transparencia a las cuestiones planteadas y se adopten las medidas necesarias para garantizar tanto una atención adecuada a la ciudadanía como unas condiciones laborales dignas para el personal de la oficina del INSS de Santa Cruz de La Palma.
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