Según datos oficiales del ISTAC, la Consejería de Turismo ha conseguido el objetivo perseguido. Se han exterminado en un solo año casi 10.000 viviendas vacacionales para engrosar las cuentas de los de siempre, los hoteleros. Ya se han metido en el bolsillo la friolera de 382 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,8% en su facturación, pero no por haber innovado, sino por la protección legal que les ha brindado el Gobierno de Canarias. Y esto no ha hecho más que empezar.
Sin embargo, no se ha paliado ni en lo más mínimo la escasez de vivienda residencial en las islas, al contrario, cada vez salen más viviendas residenciales de alquiler del mercado. ¿Qué ha pasado con las VV eliminadas? Se han cerrado, engrosando la bolsa de vivienda vacía que ya superaba las 211.000 propiedades o bien, se están vendiendo al mejor postor, que hoy por hoy, es el mercado extranjero.
La burda excusa en 39 páginas de preámbulo de la Ley anti VV, LOSUTV 6/2025, que justificaba la expulsión de un modelo tradicional en manos de familias canarias del mercado turístico para paliar la emergencia habitacional, se les ha caído. El tiempo ha jugado en su contra y ahora toca tomar decisiones.
La Ley que se aprobó, anunciando en el mismo acto que se tenía que enmendar, sigue en el Parlamento pendiente de aprobación. ¿Qué excusa empleará el Gobierno de Canarias ahora para continuar con el exterminio?
ASCAV sigue solicitando la declaración de Actividad Clasificada inocua para los pequeños propietarios para parar la sangría de bajas y no sólo para las islas verdes. Todos los propietarios canarios han de tener el mismo derecho, participar en los beneficios del turismo. Si esto no es así, ¿de qué y a quién le sirven los 18 millones de turistas, si volvemos a ser la segunda CCAA en índices de pobreza y precariedad?
Es más, los mayores perjudicados serán los viajeros canarios que no podrán permitirse ya viajar entre islas.
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