El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha levantado el secreto sobre las actuaciones del caso “Plus Ultra” y ha decidido citar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como investigado. La fecha establecida para su comparecencia es el próximo 2 de junio, donde se le atribuye ser el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” dedicada al tráfico de influencias. Según la investigación, esta red tenía como objetivo obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencia ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aseguradora Plus Ultra.
El magistrado ha señalado que esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación falsa y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas y ocultar el origen y destino de los fondos. En el auto que acuerda la citación, Calama recuerda que asumió este procedimiento en marzo tras recibir la inhibición del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid.
Una red organizada para influir en decisiones administrativas
A lo largo de 85 páginas, el juez expone que la investigación ha revelado una trama organizada que ejerce influencias ilícitas, estructurada y liderada por Rodríguez Zapatero. Este habría utilizado sus contactos personales y su acceso a altos cargos administrativos para beneficiar a terceros interesados en obtener decisiones favorables. La participación de Manuel F. G. y del empresario Julio M. M., junto con su secretaria María A. J. y Cristóbal C. Q., indica un reparto funcional orientado a maximizar la eficacia en gestiones ante organismos públicos.
Además, se destaca que los hechos no solo buscaban un trato general sino lograr resoluciones administrativas concretas, como la aprobación y desembolso de ayudas públicas solicitadas por Plus Ultra. La secuencia temporal de reuniones y comunicaciones evidencia una intención específica de influir en decisiones administrativas clave.
Contraprestaciones económicas vinculadas a la influencia ejercida
La investigación también ha puesto al descubierto contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno empresarial controlado por Julio M. M., mediante contratos elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos provenientes de Plus Ultra y otras sociedades vinculadas. Estos indicios sugieren una relación causal entre las actividades de influencia y los beneficios económicos buscados.
En este contexto, se menciona que los directivos de Plus Ultra intentaron acceder a una ayuda pública de 53 millones de euros mediante mecanismos fuera de los cauces legales establecidos, articulando dos líneas diferenciadas: una a través del entonces ministro José Luis Ábalos y otra mediante Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías operaron simultáneamente, fue la segunda la que predominó en alcanzar los objetivos deseados.
Información privilegiada antes de su concesión oficial
El juez resalta que la capacidad de influencia del grupo quedó evidenciada en febrero de 2021 cuando algunos investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión anticipada de ayuda a Plus Ultra antes del anuncio formal del Consejo Gestor. Este contacto no fue casual; forma parte de una trama organizada para ejercer influencias ilegales bajo instrucciones específicas.
A nivel internacional, se menciona la creación de al menos una sociedad off-shore siguiendo órdenes del expresidente, lo cual refuerza las sospechas sobre un esquema diseñado para ocultar operaciones financieras ilícitas.
Tráfico de influencias y posible blanqueo de capitales
Los hechos investigados podrían calificar como delito según los artículos 428 a 430 del Código Penal relacionados con el tráfico de influencias. El juez considera que se cumplen los requisitos típicos: existencia real o simulada de influencia, orientación hacia resoluciones administrativas concretas y vinculación entre dicha influencia y beneficios económicos.
No obstante, también se han detectado indicios que apuntan hacia actividades constitutivas del delito de blanqueo de capitales. Se establece que esta estructura societaria internacional podría haber sido diseñada para ocultar fondos ilícitos y desplazar capitales fuera del país.
Decisión sobre registros domiciliarios
A pesar del avance en las investigaciones, el juez ha rechazado el registro del domicilio particular de Rodríguez Zapatero solicitado por las autoridades competentes. Calama argumenta que no existen elementos suficientes que justifiquen tal medida invasiva dado el estado actual del proceso judicial.
Se subraya que cualquier elemento incriminatorio probablemente ya habría sido retirado o destruido debido a la notoriedad pública del caso. Así mismo, se considera que existen alternativas menos gravosas para obtener información relevante sin necesidad de acceder al domicilio privado del expresidente.
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