La modificación de la autorización ambiental integrada que tramita el Gobierno de Canarias para permitir una nueva celda donde verter unos 11 años más los residuos no reciclables, implicaría, según el proyecto, una excavación de 783.000 m3 al oeste del complejo de los Morenos. Además del ya de por si grave impacto ambiental que supone esta excavación y el grave impacto social que provoca acercar aún más el pestilente vertedero a las poblaciones de Tirimaga, Tiguerorte y Tigalate, se prevé crear un depósito del material excavado al norte de Monumento Natural Montaña de Azufre, espacio protegido por la Red Canaria y la Red Natura 2000. La zona elegida para este depósito de escombros es de alto valor paisajístico según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, donde el Plan Insular prohíbe esta actividad.
Se debe recordar que hace 40 años mediante una masiva manifestación el pueblo de Mazo defendió esta zona al norte de la montaña del Azufre de la intención del cabildo de instalar allí el vertedero insular. La asociación Centinela se opone frontalmente a un depósito de material de excavación en este lugar emblemático de la lucha social de la isla de La Palma. Ya bastante deterioro del paisaje del Monumento Natural supone el vertedero al sur de la montaña del Azufre como para que también la rodeen con una montaña de escombros al norte. Aunque fuera un “deposito temporal”, según la terminología del proyecto, de no menos de 13 años, el impacto paisajístico sería irreversible, reconocido por el propio estudio de impacto.
Los volúmenes de vertido con los que se han calculado las necesidades de excavación y la vida útil de la nueva celda parten del supuesto de que municipios y cabildo continuarán incumpliendo la normativa española y europea de residuos -Ley 7/2022 y en la Directiva Europea 2018/850-.
El proyecto prevé mantener el actual ritmo de vertidos de 2.200 m³/mes, mientras que la normativa ya exige una reducción progresiva de los vertidos hasta llegar al 10% en 2035. Resulta evidente que si el proyecto parte de premisas ilegales, su aprobación sería ilegal.
Un dato que ejemplifica el derroche de fondos públicos en la gestión de residuos en La Palma es que el proyecto concluye que la mejor alternativa es la que permite prolongar la vida útil de la celda 6 meses mediante un desmonte adicional de 155.000 m3, con un sobrecoste de más de 2 millones de euros. Con ese dinero invertido en gestionar una mejor recogida selectiva de la materia orgánica, prolongaría mucho más de seis meses la vita útil de la celda, ya que más de la mitad de lo que se esta vertiendo en los Morenos es materia orgánica, y es lo que provoca emisiones de gases y olores. Mientras, tanto el Consorcio de Servicios como el Cabildo destinan ridículas partidas en sus respectivos presupuestos de 2026 a este asunto.
Sobre éstas y otras cuestiones, la asociación Centinela-Ecologistas en Acción La Palma ha presentado alegaciones en la tramitación de la modificación de la Autorización Ambiental Integrada del Complejo Ambiental Los Morenos, una tramitación que, como ya viene siendo habitual en el Gobierno de Canarias, incumple la ley al utilizar atajos que acortan los plazos a costa de los derechos ciudadanos, de la seguridad jurídica y del rigor técnico.
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