Si el pasado mes de agosto era difícil pensar que España pudiera tener sus Presupuestos, la probabilidad resulta prácticamente imposible después del reciente anuncio de Junts de no apoyar, en lo que queda de legislatura, ninguna otra iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, otro año más, tampoco en 2026 habrá Presupuestos Generales del Estado. En esta situación, cobra mucho más valor, si cabe, el compromiso alcanzado en Lanzarote, en plenas vacaciones veraniegas, entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo sobre la tramitación de un decreto específico para Canarias que proteja los temas específicos de las Islas.
Esta resolución recoge básicamente los asuntos contenidos en la Agenda Canaria, el Estatuto de Autonomía y los últimos Presupuestos, de 2023. El vacío que supondría la ausencia de Presupuestos del Estado quedaría perfectamente cubierto por ese Decreto Ley específico para nuestro Archipiélago. Además, igual que hace la Unión Europea, sería un reconocimiento singular a nuestra realidad diferenciada, por la lejanía y la insularidad. Tal y como está planteado, el Decreto Ley canario no debería hallar obstáculo alguno, ni en su paso por el Consejo de Ministros ni tampoco en su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Claro, siempre y cuando los dos grandes partidos de Estado, el PP y el PSOE, no pretendan anteponer sus intereses y estrategias políticas a las necesidades de Canarias. En realidad, los asuntos contenidos en esta resolución, que, según la ministra portavoz, Pilar Alegría, será aprobada próximamente por el Consejo de Ministros, cuentan con el acuerdo del Gobierno de Canarias con socialistas y populares, aunque por separado. Falta el entendimiento de todos juntos, comprometidos para su convalidación en su tránsito por el Congreso de los Diputados. Parece inevitable que el Gobierno de Sánchez no tenga la tentación de introducir algún elemento que incomode a los populares, alejándoles del consenso deseado en la tramitación del Real Decreto. Cualquier fracaso en la aprobación achacable al Partido Popular situaría a esta formación en una posición insostenible dentro del Gobierno de Canarias.
De otra parte, si el Real Decreto sale del Consejo de Ministros alterando el consenso alcanzado en la llamada Agenda Canaria, los de Núñez Feijóo dispondrían de munición suficiente en su objetivo de desgastar la relación en Madrid entre Coalición Canaria y el PSOE. En unos momentos en los que la confrontación política entre populares y socialistas está al rojo vivo en el ámbito estatal, el Real Decreto específico para Canarias será una prueba de fuego para comprobar si sus compromisos con las necesidades del Archipiélago están por encima de las estrategias políticas.
La decisión de Junts de congelar su relación con el Gobierno de Sánchez y la convocatoria de elecciones en Castilla-La Mancha, que precipitan el inicio de un nuevo ciclo electoral, ensombrecen las expectativas que el Archipiélago tiene depositadas en una norma vital para la sostenibilidad social y económica de las Islas. Sin Presupuestos Generales del Estado y sin la referida resolución para Canarias sería casi imposible atender asuntos como las bonificaciones fiscales para La Palma, la financiación específica para las Islas Verdes, la política migratoria, los servicios básicos, la sanidad, los convenios pendientes, el plan de empleo o las ayudas al transporte, entre otras demandas.
Por todo ello, no cabe duda de que la aprobación y posterior tramitación del comprometido Decreto Ley singular para las Islas servirá para evaluar si el PP y el PSOE anteponen, aunque sea por una vez, la atención de las necesidades de los que aquí vivimos por encima de sus estrategias e intereses partidarios.
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