La ley que regula el alquiler vacacional ha sido aprobada por el Parlamento de Canarias, a pesar del rechazo de los grupos de la oposición --PSOE, NC-bc y Vox--, quienes también impidieron el debate sobre 24 enmiendas 'in voce' propuestas por los partidos del cuatripartito.
Jessica de León, la consejera de Turismo, ha reconocido que durante su tramitación esta norma ha resultado ser "difícil de interiorizar, difícil de explicar, y difícil de gestionar". Además, ha valorado la actuación de CC, PP, ASG y AHI "por estar al servicio del interés general y de no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político".
El apoyo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del vicepresidente, Manuel Domínguez, ha sido igualmente agradecido, "porque sin ellos esto no hubiera sido posible".
Esther González (NC-bc) ha criticado a los grupos del cuatripartito por no haber respaldado ninguna de sus 34 enmiendas parciales, las cuales defienden "el derecho de miles de familias canarias a alquilar y a no ser expulsadas de su propia tierra".
El Gobierno ha sido cuestionado por "enmendarse a sí mismo", ya que no confía en su propio proyecto de ley, el cual no persigue "el equilibrio sino la expulsión" y surge "sin consenso". Además, ha señalado que "ha enfadado a casi todo el mundo salvo a los de siempre, los grandes empresarios turísticos".
González ha criticado al Gobierno por no implementar una moratoria en la concesión de nuevas licencias, lo que ha provocado una "avalancha". Además, se ha indicado a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales como responsables, siendo "señalados con el dedo".
"Se abre la puerta con este proyecto de ley para la expulsión de miles de familias canarias de las áreas turísticas, familias que adquirieron su vivienda con escritura, división horizontal y toda la documentación en orden", ha señalado.
La diputada canarista ha afirmado que los grupos del cuatripartito han optado por "legislar y votar en contra de su pueblo". Se ha cuestionado: "¿Por qué prefirieron proteger a los poderosos antes de escuchar a su gente?"
PSOE: NO CONSIDERAN EL "INTERÉS GENERAL".
Gustavo Santana, del PSOE, ha señalado que la ley no considera "ni a los residentes ni al interés general", ya que ha provocado un "efecto llamada" que ha resultado en más de 32.000 viviendas vacacionales adicionales desde septiembre de 2023.
Se ha lamentado la escasez de cortesía parlamentaria al haber aprobado un número reducido de enmiendas propuestas por la oposición, y ha señalado que la ley "favorece a los grandes tenedores". Además, ha insistido en que se "beneficia" a los empresarios turísticos y que se "expulsa" a los residentes.
El diputado socialista sostiene que existe "otra alternativa" que consiste en restringir a tres el número de viviendas en explotación, lo cual beneficiaría a los pequeños propietarios como los "verdaderos beneficiarios" de la regulación de la vivienda vacacional. Ha pronosticado: "Esta ley durará lo que dure este Gobierno".
El portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ha reconocido que la ley "no es perfecta", aunque considera que es "mucho mejor" en comparación con su versión inicial presentada en la Cámara. Además, destacó que "ordena, no castiga" y que tiene en cuenta las diferencias entre las islas y los territorios.
Se ha destacado la importancia de permitir cierta flexibilidad en la planificación local, subrayando que los ayuntamientos "no son niños pequeños". Además, ha criticado a la oposición por no aceptar las enmiendas in voce, lo que establece un "precedente parlamentario". "Se han retratado, no han querido llegar a acuerdos", ha señalado.
En realidad, ha criticado a los socialistas, afirmando que "es cuando desempolvan el manual bolchevique y sacan las normas que no tuvieron valentía de aprobar cuando gobernaron" cuando se encuentran en la oposición.
La "irresponsabilidad" de la oposición al obstaculizar las enmiendas in voce ha sido objeto de crítica por parte de Jesús Ramos (ASG), quien también ha solicitado a la consejera de Turismo, Jessica de León, que se implementen "en el menor tiempo posible" a través de un decreto.
Se ha solicitado proporcionar "amparo legal" a la actividad clasificada, se ha admitido que la vivienda vacacional ofrece "futuro" en las 'islas verdes', se ha rechazado que esta modalidad sea responsable de la crisis de la vivienda y se ha respaldado que los cabildos y ayuntamientos cuenten con "herramientas" para planificar el crecimiento.
La ley ha sido calificada de "camaleónica" por Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, debido a los numerosos cambios que ha sufrido durante su tramitación. Además, Jover considera que "no está bien hecha", ya que "no soluciona nada y empeora todo", al introducir criterios "imprescindibles" para permitir actividades que aún no se están llevando a cabo.
No se puede pasar por alto la necesidad de una "regulación" que organice el sector de la vivienda vacacional; sin embargo, se impone una "excesiva carga" tanto a los propietarios como a los ayuntamientos.
PP: SE TERMINAN LOS "PSEUDOHOTELES".
David Morales (PP) ha señalado que la legislación proporciona "salvaguarda jurídica y legislativa" para los pequeños propietarios, establece un "punto y final a la proliferación de pseudohoteles" y refuerza la "autonomía" de los ayuntamientos, quienes decidirán "dónde, cómo y cuántas viviendas vacacionales pueden asumir en sus términos municipales".
La "fuga" de más de 16.000 viviendas hacia el sector vacacional ha sido atribuida por él a la ley estatal de vivienda, y ha advertido a la oposición que "pulsar el botón rojo" contra dicha ley significará "ir en contra" del interés general del archipiélago.
Socorro Beato (CC) ha expresado que esta ley es "necesaria" para Canarias, ya que "ordena, protege y equilibra", lo que fortalece la función de los ayuntamientos, encargados de su implementación.
"Procedimientos simplificados, seguridad jurídica para quienes realizan la actividad de manera responsable y protección para los pequeños propietarios, muchos de los cuales son familias que dependen de ese ingreso adicional, son los beneficios que esta ley proporciona", ha señalado.
La diputada nacionalista ha manifestado que comprende las críticas de Ascav y de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Sin embargo, también ha señalado la importancia de ser "honestos", adelantando que en un próximo decreto se abordará la unidad de explotación y la residencialización.
"La regulación del alquiler vacacional no está prohibida por la ley; más bien, se organiza de manera sensata y equilibrada para que el turismo continúe siendo un pilar de la economía, sin comprometer el derecho a la vivienda ni la armonía entre vecinos", ha señalado.
Beato señala que el alquiler vacacional "no podía seguir sin reglas claras", por lo que se establece un "marco jurídico claro" para adaptar esta modalidad turística a islas y municipios.
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